El Supremo atiende la petición de la empresa de ejecución de la sentencia que declaró ilegal la decisión del Gobierno de Rajoy de reducir a la mitad la factura de ambos tramos
Podemos ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea y otra ante el Supremo para que se declare ilegal la ampliación de la concesión y anima a los usuarios a guardar los tiques para reclamar
Anuncia su voluntad de colaborar con Bruselas, pero avanza que los 25 años extra otorgados en el año 2000 contaron con el aval del Consejo de Estado, la Abogacía estatal y el Consejo de Ministros de la época