Las consecuencias de la decisión de la UE de declarar ilegal la prórroga de peajes similares a los del Huerna

C.P. / L.F. REDACCIÓN

ASTURIAS

Vallas publicitarias contra el pejae del Huerna. Archivo
Vallas publicitarias contra el pejae del Huerna. Archivo

Italia lleva dos años con un litigio igual y va para largo

25 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La resolución de la Comisión Europea sobre la AP-9 es realmente histórica para España. Casi todas las autopistas estatales (entre ellas la AP-66 que une Asturias y León por el Huerna) han logrado aumentar los plazos de su explotación, casi siempre privada y sometida al pago de peajes, a través de la misma fórmula que Bruselas no estima legal: acuerdo particular entre la administración y la empresa, sin publicidad previa y sin que ninguna otra sociedad aspirante pueda ofrecer otras condiciones. Pero a no ser que el Gobierno de España asuma el criterio comunitario sin más y anule la concesión, cosa que difícilmente ocurrirá, los usuarios de estas vías seguirán pagando peajes y la empresa convirtiendo en beneficio neto uno de cada tres euros que recauda.

Si el Gobierno rompiese hoy el contrato con Audasa (empresa concesionaria del peaje de la AP-9 gallega que pertenece a Grupo Itínere, el mismo que gestiona el Huerna a través de Aucalsa) la concesionaria llevaría el caso a los tribunales para exigir una indemnización multimillonaria, pero lo mismo harían el resto de las empresas del sector (como es el caso de Aucalsa) si alguien cuestiona ante la Justicia o la UE cada una de las concesiones que han sido ampliadas en su tiempo de explotación por el mismo método, sin concurrencia.

De entrada hay que señalar que, aunque Bruselas es tajante en sus afirmaciones sobre la falta de legalidad en la ampliación de la concesión de la AP-9, da dos meses al Gobierno para que alegue sus razonamientos en contra. El caso de Asturias requeriría todavía más tiempo debido a que la Comisión no se ha referido de forma explícita al peaje del Huerna. Sin embargo, el Principado ha reconocido que el proceso de ampliación de la concesión fue «similar» al de Galicia y que el Ejecutivo autonómico «estudiará en detalle» el caso para analizar las posibles medidas a tomar.