El buen comportamiento del mercado de trabajo, que en abril rebasó por primera vez los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, no impide que desde el Gobierno quieran fiscalizar que los efectos de la reforma laboral son los que se perseguían: reducir la temporalidad y paliar la precariedad asociada a ella. Precisamente para tomar el pulso a cómo se está implementando en las empresas el cambio en el modelo de contratación y asegurarse de que se hace conforme establece la ley, la Inspección de Trabajo comenzó a enviar ayer cartas a las empresas. En total, se remitirán 83.600 misivas en tres remesas a otras tantas firmas, y afectarán a casi 200.000 trabajadores de todo el país.
El Ministerio de Trabajo no ha facilitado datos por comunidades autónomas. Se limitó a explicar que la selección de las empresas que serán objeto de inspección se ha realizado «cruzando datos», y donde se sospecha la existencia de irregularidades en la contratación, se investiga para constatar que efectivamente las relaciones laborales se ajustan a lo que marca la normativa.
El foco está puesto en los sectores que hasta ahora hacían un uso más intensivo de la contratación temporal, como son la hostelería, el turismo y los servicios relacionados, fuertemente marcados por la estacionalidad.
