Izquierda Unida y PP protagonizan un encendido debate en el parlamento sobre las propuesta de reforma del salario social
27 abr 2017 . Actualizado a las 12:25 h.Aún no se había cerrado el debate sobre el segundo punto del orden del día en la Junta General (una pregunta del PP a la consejera de Bienestar Social, Pilar Varela, sobre la ley de dependencia) y el diputado popular Matías Rodríguez Feito ya intuía que tendría protagonismo a su pesar en el siguiente turno. El punto número tres era una cuestión de Izquierda Unida sobre si había relación entre el aumento de la exención a las herencias en el impuesto de sucesiones pactada entre el PP y el Gobierno para aprobar el presupuesto y la última propuesta conservadora para reformar el Salario Social limitándolo a dos años; aún no se había verbalizado y Rodríguez Feito ya advertía que le parecía de «mala fe» y propio de «esas miseria ideológicas que se las dejamos a los comunistas».
Formalmente era una pregunta de IU al Ejecutivo, y aunque la diputada Marta Pulgar y la consejera Varela se cruzaron algún dardo (a cuenta de que, como destacó la titular de Bienestar Social, la mayor garantía del Salario Social era «tener un presupuesto»; lo cierto es que el grueso de debate pareció reproducirse entre la coalición y la bancada popular con más de una petición a la presidencia de réplica por alusiones. Pilar Varela comenzço destacando que no había «relación ninguna» y que, en todo caso, no compartía el fondo ni las tesis de la propuesta de reforma planteada por el PP para una prestación que en su opinión, «ha contribuido para luchar contra la pobreza severa» y dejar a Asturias en buen lugar (al menos en comparación con otras comunidades) en los datos de exclusión. Citó algunos de la última encuesta del INE: Asturias es la quinta comunidad con menos tasa de riesgo de pobreza, es en la que menos familias afirman llegar con graves problemas a fin de mes y la pobreza ha disminuido respecto a la anterior consulta. No dejan de haber datos alarmantes y ninguno de los participantes en el debate de la Junta lo negó, aún son más de 100.000 personas en Asturias las que padecen gravísimos problemas económicos y de exclusión.
«Muchas familias siguen necesitando esa prestación que no es caridad sino un derecho subjetivo» señaló Marta Pulgar que acusó a los populares de eludir la relación entre el aumento de perceptores del Salario Social «y sus políticas de ajustes y de recortes». A falta de que se conozcan los datos completos y desagregados sobre los beneficiarios de la prestación (que la consejera dijo que se presentarían el próximo 8 de mayo para hacer balance de una década de su existencia), La diputada de IU señaló que «42% de ellos cobran complementos de entre 50 y 100 euros, no son población activa, y hasta el 60% son mujeres cabezas de familia con hijos a su cargo y el mercado laboral no las acoge», lo hizo para señalar que la insistencia del PP en vincular esta prestación a una suerte de dejadez a la hora de buscar empleo estaba errada y fue más allá cuando afirmó que en debate anteriores el propio Rodríguez Feito «llegó a llamar vagos a los que cobraban el salario social»
Después de que terminara el debate entre Pulgar y Varela, el diputado popular reclamó un turno de réplica por alusiones en el que negó haber dicho tal cosa, retó a la diputada a encontrar esa afirmación en el diario se sesiones y afirmó que «han hecho un ejercicio de cinismo y se ha retorcido un texto poniendo el foco en mi persona en la tradición del peor comunismo y luego van dando lecciones de monolitos por ahí». Pulgar señaló que la propuesta de reforma del PP hablaba de que hay «una responsabilidad individual para no tener una dependencia crónica de las prestaciones públicas» algo que consideró en la tónica de esa apreciación, a su juicio, conservadora sobre el Salario Social.
En su día, meses atrás en una proposición no de ley lo que el diputado popular dijo en sede parlamentaria es que «nadie va a ponerse a trabajar si se lo llevan gratis a casa» y reclamar «poner coto» al Salario Social. Todo ello llevó a los grupos de la izquierda a acusarle de equiparar a los perceptores de la prestación con ser «vagos». Lo cierto es que la propuesta de reforma del PP apuesta de forma muy clara por limitar el salarios social, que pueda recibirse un máximo de 2 años (prorrogables a 3 en casos excepcionales), que se pueda compaginar con empleos en los que se cobre por debajo del salario mínimo y también afirma explícitamente que se deben introducir mecanismos de control para que «no se rechacen, sin justificación, ofertas de empleo» entre los beneficiarios de la prestación.