Más del 80% de los beneficiarios del salario social solicitó orientación al servicio de empleo

El 60% de los perceptores de la ayuda son mujeres con hijos a su cargo y con una edad media de 45 años

Oficina de empleo
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Redacción

La primera década de existencia del salario social asturiano se cumplió esta semana con un balance de luces y sombras. En las últimas, el retraso en la tramitación de miles de expedientes (hay una lista de espera de 2.090 personas y en abril se estaban revisando expedientes de noviembre del año pasado) además de un crecimiento exponencial de la partida dedicada a esta prestación; pasó de 10 millones en 2007 a casi 110 el año pasado. Pero las luces no son pocas; en la actualidad esta renta social asturiana es la segunda de todo el estado en cobertura (con alrededor de 20.000 beneficiarios directos y 45.000 personas en el unidades familiares) y ha ayudado de manera notable a que las cifraz de pobreza relativa (aun siendo alarmantes) se mantengan muy por debajo de la media del conjunto del Estado. Asturias ha reducido su tasa de riesgo de pobreza del 16,7% al 13,4%, la quinta más baja del país, y además es la comunidad autónoma con menor porcentaje de hogares que llegan a fin de mes con «mucha dificultad», un 4,8 %, según la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al año 2016 publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta primera década de existencia llega además marcada por un econado debate político después de que el PP presentara su propuesta de reforma con varios pilares básicos: incrementar su cuantía pero limitar su duración a 2 años, y sobre todo vincularla a la búsqueda de empleo. En ocasiones de forma sutil y otras de manera más directa, los conservadores han acusado al salario social de ser un freno para la búsqueda de trabajo. «Nadie va a ponerse a trabajar si se lo llevan gratis a casa», dijo el diputado popular Matías Rodríguez Feito, lo que le valió encendidos reproches de parlamentarios de PSOE e IU que le acusaron de insinuar que los perceptores de esta ayuda eran unos «vagos». Rodríguez Feito siempre ha reiterado su respeto a los beneficiarios del Salario Social y a la hora de presentar la reforma insistió en que se trata de «mejorar» el sistema de ayudas. Desde el PP también han exigido a los empresarios que contraten a estas personas y para ello quieren ofrecerles ventajas fiscales; en su reforma también incluyen la creación de mecanismos de control para que «no se rechacen, sin justificación, ofertas de empleo».

¿Es justa esa recriminación? ¿por qué ha crecido tanto en los últimos años el número de personas que solicitan cobrar el Salario Social y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo? La respuesta está en las estadísticas de los beneficiarios y ambos hechos están relacionados. Primero cabría recordar que cuesta encontrar trabajo a casi todo el mundo en general, cada mes se anuncian encuestas de la EPA con la misma tónica repetida en los últimos años: crecen los contratos pero en su práctica totalidad son temporales. El trabajo aún escasea y es muy precario, lo es para obreros cualificados y también para universitarios; y es aún mucho más difícil para personas con estudios básicos. El último informe de Cáritas Asturias destacó, de hecho, que un total de 457 familias con un miembro trabajando tuvo que recurrir a su ayuda en 2016.

El 69% de los perceptores del salario social en Asturias llegaron al nivel de enseñanza obligatoria, a la ESO, pero de ellos sólo un 41% los concluyó. Hay un 8% que se quedó en primaria o no tiene estudios de ningún tipo, sólo un 9% cursó el bachillerato o la FP y apenas un 3% llegó a la universidad. En el informe que se ha realizado para hacer balance de la década de esta ayuda se destaca que hay distintos niveles de exclusión social entre los perceptores de la renta: Hay un grupo que ha perdido el empleo y que cuenta con experiencia laboral que no suele necesitar orientación y que reclama el salario social como una «ayuda conyuntural»; pero hay otro grupo cuya experiencia laboral se limita a trabajos intermitentes, mayores de 45 años o mujeres con hijos a su cargo y una escasa experiencia laboral que tienen enormes obstáculos para volver a trabajar. Y estos casos no son pocos, sino la mayoría.

De los alrededor de 20.000 beneficiarios del salario social asturiano, algo más de 4.000 son mayores de 65 años, o padecen alguna discapacidad que les hace estar exentos de la búsqueda de trabajo. El resto sí puede buscarlo por los servicios de empleo de la comunidad y de hecho lo hace. Hasta el 85,7%  ha accedido a alguna orientación del servicio de empleo del Principado, con una media de 3,5 sesiones por persona, el 20% de ellos acudieron a tutorías personalizadas de formación y orientación profesional. El informe cita datos de enero de 2014 a febrero de este mismo año para indicar que el 27,2% de los perceptores tuvo algún trabajo en ese periodo pero las mismas cifras dan cuenta de la precariedad del empleo que se cosecha, El número medio de contratos por persona fue 4,5, dando como resultado una media de 145 días trabajados. Y si bien el 44% de los que encontraron un trabajo tuvo un único contrato, la media de días trabajados fue igual que los que encadenaron hasta 12. En el informe se detalla en concreto que el auge de la demanda de esta ayuda coincide con la prolongación de crisis de la Gran Recesión y el final en muchos casos de las prestaciones de desempleo para numerosas familias, indica que el contexto «del mercado laboral ha sido desfavorable», a pesar de que «las personas beeficiarias han sido elocuentes en su deseo de encontrar empleo» y ha sido así por «la escasez de la oferta y el empleo precario».

No es un asunto menor el género ni la edad de los perceptores del salario social. El 60,8 son mujeres con niños a su cargo, hay más de 10.000 menores que viven en una familia que está acogida a esta ayuda. Además se trata de un grupo que por edad encuentra de forma general más dificultades para integrarse en el mercado laboral, la media de las mujeres es de 45 años y la de los hombres de 46. Se aprecia la dificultad de las cargas familiares en el distinto tipo de unidades que tiene el salario social, en las individuales hay una mayoría de hombres pero en las múltiples (porque incluyen a los menores), son predominantes las mujeres. El 30% de los perceptores son familias monoparentales aunque se reparten de forma desigual por el territorio asturiano. Son muchas menos en las alas (donde en todo caso, y especialmente en el suroccidente, el envejecimiento es mucho mayor) pero alcanzan porcentajes del 17% en Langreo y Avilés, del 8% en Siero o el 11% en Oviedo.

«Los estudios revelan que la pobreza se hereda y que pasa de las personas mayores a las pequeñas» alertó en la presentación del informe la consejera de Derechos Sociales, Pilar Varela, quien destacó que en los años de crisis el salario social ha servido de colchón para muchas familias. Una recesión que se llevó por delante el 18% del empleo regional «ha contribuido a que los programas autonómicos de rentas mínimas se convirtieran en la prestación de último recurso», recalcó la consejera. Pero también el informe detalla que el aumento de la demanda de la prestación y su extensa cobertura ha derivado en un «circulo vicioso» porque el desborde en la capacidad de la
Consejería para gestionar los trámite, esas demoras de varios meses, «generan incentivos» para no dejar la prestación y tener que volver a solicitarla. Es un problema recalcado por técnicos y grupos políticos que se acumulan retrasos para pedir reintegrarse en el salario social después de haberlo dejado por encontrar un empleo. «El salario se diseñó para 7.000 familias y hoy atiende a 20.000 con 10.070 menores a su cargo», remarcó Varela para poner de relieve los éxitos de una iniciativa que tienen en esa extensión uno de los principales problemas para hacerlo sostenible.

Un mito interesado es también el de que los extranjeros acaparan ayudas sociales. En el caso del Salario Social el 77,3% son españoles de nacimiento --la prestación asturiana, que no tiene límite temporal como las de otros territorios si exige más tiempos de residencia, hasta 34 meses--; del 19% de extranjeros «un gran número de titulares» cuenta ya con la nacionalidad española. Sus países de origen coinciden con las comunidades extranjeras con mayor presencia en Asturias, el 3% de Rumanía, Marruecos y Ecuador con porcentajes del 2,2% y cuantías muchos menores personas procedentes de la República Dominicana, Cuba o Colombia.

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