El jurista Nicolás Bartolomé apunta la contradicción entre las críticas a la normalización de la llingua de los populares frente a las leyes de la comunidad vecina
07 dic 2017 . Actualizado a las 22:30 h.El jurista Nicolás Bartolomé ha afirmado que el desarrollo de la oficialidad del gallego es una referencia «interesante» para Asturias, porque muestra que este marco legal puede desarrollase «sin necesidad de que los castellanohablantes vean atacados sus derechos». Bartolomé ha recordado que fue el PP el encargado de diseñar la oficialidad del gallego y establecer mecanismos para ponerla en marcha «de un modo inteligente», por eso afirma que lo que dice el PP aquí sobre la oficialidad «no es verdad».
El jurista leonés y experto en legislación lingüística ha afirmado que el modelo de oficialidad a la asturiana tendrá que decidirlo la Junta General y tendrá que ajustarse a la realidad asturiana. «Cada comunidad autónoma tiene un modelo propio dependiendo de sus características sociales y culturales y eso es lo que tiene que hacer Asturias, buscar cuál es su camino», ha señalado.
Así, el experto en legislación lingüística ha afirmado que la oficialidad supone establecer que la Administración reconoce un idioma como lengua de comunicación con la ciudadanía. «Es decir, los ciudadanos pueden dirigirse a la Administración en esta lengua y la Administración tiene la obligación de responder en ella», ha indicado el jurista.
Para Bartolomé, la oficialidad sí que tiene vinculadas una serie de obligaciones, «pero para la Administración, no para los ciudadanos». Así, ha explicado que las obligaciones son un tratamiento en la enseñanza «que permita un conocimiento de ese idioma en condiciones de igualdad» y un tratamiento «propicio» en los medios de comunicación, «es decir, con más consistencia de lo que ahora hay». Además, ha señalado que también es necesario una labor de promoción de esa lengua «que permita equilibrar la presencia de la misma».
«La oficialidad no tiene ningún problema porque es reconocer derechos a los ciudadanos y que decidan libremente si ejercerlos o no. Esto ahora mismo, con la Ley de Uso, no existe, porque la utilización a nivel social del asturiano está limitada porque no se dan las mismas oportunidades a los hablantes de asturiano que a los de castellano», ha indicado el jurista.
En ese sentido, Bartolomé afirma que el desarrollo de la oficialidad del gallego es una referencia «interesante». «Viendo lo que ha pasado en Galicia, lo que dice el PP con el asturiano no es verdad», ha opinado. Explica que el desarrollo de la oficialidad del gallego la han llevado adelante gobiernos populares y muestra que este puede hacerse «de una forma nada traumática y sin necesidad de que un castellanohablante vea atacados sus derechos».
Así, ha explicado que en la comunidad vecina ha sido el PP, por entonces Alianza Popupar (AP), los encargados de diseñar la oficialidad a través de una Ley de Normalización Lingüística, aprobada por unanimidad y que ha permitido introducir el gallego en la enseñanza, en la administración y en los medios de comunicación «sin ningún problema».
Leyes de normalización
Las leyes de normalización autonómicas desarrollan las disposiciones de los Estatutos de Autonomía referentes a la lengua. Así, pueden ser consideradas como las líneas directivas de la política lingüística de las Comunidades que han declarado la oficialidad de su lengua.
La ley gallega fue aprobado unánimemente en el Parlamento gallego el 15 de junio de 1983, desarrolla el mandato estatutario y regula derechos de los ciudadanos a emplear el gallego, incidiendo especialmente en los campos de la Administración, la enseñanza y los medios de comunicación.
En total, entre 1982 y 1988 se han aprobado leyes de normalización en seis comunidades: Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia y Islas Baleares. Fue en estos dos últimas comunidades, donde el PP contaba con mayoría, en la que los populares se encargaron de llevar adelante el proceso de desarrollar la oficialidad.
Por eso, Nicolás Bartolomé ha indicado que el ejemplo gallego es el modelo a seguir «porque se fijó de un modo inteligente, sin provocar ningún conflicto y normalizando al gallego a unos niveles a los que nunca había llegado esta lengua a nivel social». «Esta situación podría darse en Asturias», ha afirmado el jurista.
Así, ha explicado que en el caso de haber oficialidad «los castellanohablantes seguirán teniendo los mismos derechos, pero otra parte de la sociedad también los va a tener reconocidos, porque la oficialidad no va contra nadie».
