Los interinos suman las primeras 100 demandas contra la oferta de empleo del Principado

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

Oposiciones
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El letrado que prepara la causa baraja pedir la paralización cautelar del proceso. Irá contra ayuntamientos si recibe peticiones

29 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Ya son 100. La impugnación de la oferta pública de empleo (OPE) del Principado suma ya la firma de 100 interinos que no están de acuerdo con la forma en la que se pretende cubrir estas plazas. Algunos son labores indefinidos no fijos, que consiguieron esta categoría en los tribunales, después de llevar años en su puesto y de pleitear contra la Administración. No obstante, todavía son pocos. La idea es conseguir más del doble. De hecho, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (Anil) ha contabilizado alrededor de 300 consultas. No echa las campanas al vuelo. No cree que todos los que preguntan den el paso. Pero con los niveles de inestabilidad en el empleo público registrados en la actualidad, espera sumar muchas más. Si consigue material suficiente, se plantea pedir como medida cautelar la paralización del proceso.

La idea es presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El letrado y presidente de Anil, Manuel Martos, pedirá dos tipos de documentos, la relación de puestos de trabajo (RPT) de cada uno de los departamentos implicados en la oferta de empleo y el capítulo de los presupuestos en el que costa la partida para pagar la indemnización de los laborales indefinidos no fijos. Martos esgrime las razones. Reclama la RPT porque indica que la administración saca a concurso todas las plazas de laborales indefinidos no fijos que ganaron esta condición en juicios pero no aquellas que llevan años ocupadas por interinos que no han recurrido a los tribunales. Considera que se trata de una «clara discriminación».

La petición de los presupuestos tiene una motivación relacionada. El letrado explica que la ley obliga a las entidades públicas a meter en sus cuentas la indemnización por despido que tiene que pegarles a esos laborales indefinidos no fijos que fueron a los tribunales. Si esas cuantías no están presupuestadas, la oferta podría ser nula o anulable, porque no puede salir la oposición sin tener en cuenta que tienen que prescindir de los que ocupan el puesto y pagarles por los años de servicio. 

Los foros y colectivos de interinos del Principado están replicando el llamamiento de Anil para sumarse a la impugnación. Salen a concurso 4.491 plazas y aseguran que va a ser «un ERE gigantesco» para todos los interinos que están ocupando esos puestos de trabajo. Reclamaban una vía diferenciada para los profesionales que durante años han mantenido en marcha la administración, con tasas de interinidad que han superado el 30% en algunos cuerpos. No es algo exclusivo de Asturias. También se están organizando en otras comunidades autónomas. Andalucía, Aragón, Valencia, Mallorca y Canarias ya lo tienen en marcha. 

Se podría extender a los ayuntamientos si hay profesionales afectados dispuestos a dar un paso adelante. Eso ha pasado ya en Zaragoza. Interinos municipales ya han promovido la impugnación de la oferta pública de empleo. Martos explica que si recibe llamadas de trabajadores dispuestos a acudir a los tribunales dará el paso. Pero el colectivo Anil no se dedicará a sondear los diferentes consistorios, ya que sería una labor ingente.

Hay margen de tiempo. El Consejo de Gobierno del Principado aprobó la oferta pública de empleo en una reunión del 14 de diciembre. Salió publicado en el Boletín Oficial (BOPA) cuatro días después. Esa es la fecha que marca el límite. A partir del 18 de diciembre, quien quiera impugnar el proceso tiene dos meses para hacerlo. Quedan, por tanto, dos semanas. El colectivo que lleva la voz cantante lo utilizará para convencer a más indecisos. «Ya tenemos la documentación de más de un centenar de asturianos y me consta que hay muchas más consultas. Pero no vamos a dar más cifras hasta que no los tengamos confirmados», explica Martos. No sabe si va a poder pedir medidas cautelares. Depende de la documentación que le hagan llegar una vez formalizada la impugnación. Pero si es posible pedirá una paralización de todo el proceos.