El 80% de las reclamaciones recibidas en la Agencia de consumo corresponden a tratamientos financiados con un crédito vinculado
28 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ya antes de que se decretara el cierre de la clínica de iDental en Gijón, el número de pacientes afectados por las distintas estafas de la clínica --desde graves negligencias médicas a problemas con la financiación de los tratamientos--era sumamente elevado y tanto los servicios de consumo del Principado y el municipal de Gijón sumaban más de un centenar de reclamaciones. Pero con el cierre de la clínica las demandas se dispararon y, a fecha del 18 de septiembre, a la administración asturiana le constan más de un millar: en concreto 1019 de las cuales, la gran mayoría, alrededor del 80% tienen incluida la financiación del tratamiento a través de un crédito vinculado.
Así consta en una respuesta ofrecida por la Consejería de Sanidad a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado popular Carlos José Suárez. En ella, el Principado detalla que de ese total de reclamaciones presentadas en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 808 se financiaron a través de un crédito vinculado en distintas entidades: Evobank (263), Celetem (166), Banco Sabadell (158), UNOE (71), BBVA (69), FINANMADRID (36), Banco Cooperativo (22) PEPER (16) y Caixabank (7). 211 de las reclamaciones correspondían a tratamientos no financiados.
La Consejería señala además que buena parte de las intervenciones de la Agencia de Consumo se han dirigido a requerir a las entidades financieras «que propongan una alternativa de finalización del tratamiento sin coste adicional para el cliente y que se abstengan de efectuar reclamaciones de cuotas a los afectados y de incluir sus datos en ficheros de impagados». Así, señala que se ha paralizado la inclusión de los pacientes en las listas de morosos. Además detalla que se han cerrado acuerdos con las financieras en 306 de los expedientes.
Por otra parte, el Principado indicó que se logró un acuerdo con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias para elaborar un protocolo «para valorar a los pacientes y determinar qué parte del tratamiento ha sido efectivamente realizada», de manera que después de efectuar ese informe se pudiera reclamar a las financieras la parte correspondiente de los trabajos abonados y no realizados por iDental. También se abrió la posibilidad de derivar a los pacientes que no aceptaran la propuesta de valoración del Colegio de Odontólogos que hasta mediados de septiembre ascienden a 105 pacientes.
Según afirma la Consejería, en otras comunidades autónomas se ha indicado a los afectados «que reclamen por sí mismos a las entidades financieras» mientras que, en el caso de Asturias, «desde el primer momento se ha dirigido a los afectados para pedirles que presenten sus reclamaciones directamente ante el Servicio de Consumo y se ha habilitado un procedimiento para valorar a través del Colegio de Odontólogos la parte del tratamiento efectivamente realizada. De esta forma, es el Servicio de Consumo el que se encarga de tramitar directamente las reclamaciones ante las entidades financieras, facilitando la reclamación de los afectados y garantizando que se respeten sus derechos».
También según el relato de la Consejería después de que se decretara el cierre de la clínica de Gijón en el mes de junio, la Audiencia Nacional asumió la investigación de la estafa en todo el territorio nacional en julio, señalando que la documentación y los historiales clínicos de los pacientes quedaran bajo custodia de los departamentos de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. En Asturias se guardan en el depósito del Huca 298 cajas precintadas con esa documentación. El 10 de septiembre se recibió un auto de la Audiencia Nacional con instrucciones para que, previo desprecintado judicial, se procediera a «la ordenación, escaneado y entrega de las historias clínicas de los pacientes de iDental» de manera que el proceso fuera asumido por personal del SESPA y «habilitándose un procedimiento para entregar en soporte digital las historias clínicas a los pacientes que lo soliciten y sin necesidad de solicitud expresa».