Las asturianas abortan cada vez más tarde

La memoria del ministerio recoge que el número de interrupciones del embarazo se mantiene estable. El porcentaje de menores no llega ni al 3,5%


redacción

El número de interrupciones voluntarias del embarazo en Asturias permanece estable desde hace unos años. La crisis disparó el número de abortos. Desde que la situación económica se ha estabilizado, la cifra de intervenciones también. La tasa oscila actualmente entre los 12 y los 13 abortos por cada 1.000 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. Al menos, así aparece reflejado en la última estadística presentada por el Ministerio de Sanidad, correspondiente al año 2017. Solo hay tres comunidades con una proporción mayor: Baleares, Madrid y Cataluña. En cifras absolutas, fueron 2.170. Esta memoria confiere alguna singularidad al Principado. Una de las más destacables es la edad de las embarazadas que deciden no llevar a término la gestación. Mientras que en el resto de España el tramo de edad con más interrupciones es de los 25 a los 30 años, en la región son treintañeras.

La ministra del ramo, María Luisa Carcedo, comenta que este informe demuestra una tendencia a la estabilización. El año pasado se practicaron en todo el 94.123 abortos, lo que supone una tasa de 10,51 interrupciones por cada 1.000 mujeres. Respecto a 2016, se ha producido un incremento del 1%. El descenso es acentuado, del 16,71%, si se compara con 2010. En el mes de julio de ese año entró en vigor la actual ley del aborto. Justo un año antes, se había aprobado la dispensación gratuita de la píldora del día después.

¿Qué ha sucedido con las interrupciones del embarazo en menores, uno de los aspectos que más controversia provocó? En el caso de las menores de 20 años, se ha registrado un ligero descenso, del 0,2%, respecto a 2016. En 2017, se realizaron 9.755 interrupciones, 8,84 por cada 1.000 mujeres de esa franja de edad. También en esta franja de edad, si se comparan los datos con 2010, se observa una variación a la baja considerable, del 30,92% menos.

En Asturias, un total de 207 jóvenes menores de 20 años abortaron en 2017. De esas 207, 75 era menores de edad y, en concreto, siete tenían solo 14 años. 75 niñas sobre un total de 2.170 suponen el 3,4% del total. Con respecto a ejercicios anteriores, los datos permanecen estables. Solo hace falta coger algún ejercicio más para comprobarlo. En 2000, fueron 67. Cinco años antes, habían sido 79. Este punto ha estado sometido a varios cambios legislativos. En el 2010, el PSOE aprobó la ley que está vigente y en la que no era el consentimiento paterno a partir de los 16 años. Este punto fue modificado por el PP en 2015.

La mayoría de las mujeres que no llevan a término el embarazo en el Principado, de acuerdo al informe ministerial, son mujeres de 30 a 34 años, con unos estudios iguales al Bachillerato o ciclos de Formación Profesional (FP), sin hijos y que es la primera vez que se enfrentan a esta situación. La mayoría señala que habitualmente utiliza métodos anticonceptivos de barrera y estaban de ocho semanas o menos. De las 2.170, 2.088 abortaron a petición propia. El grave riesgo para la vida, las anomalías del feto o enfermedades extremadamente curables son motivos apenas referidos. 

 

La esterilización forzosa es legal: 34 asturianas intervenidas en una década

Susana D. Machargo
Campaña para poner fin a la esterilización forzosa de las muejres y niñas con discapacidad
Campaña para poner fin a la esterilización forzosa de las muejres y niñas con discapacidad

La Fundación Cermi Mujeres lanza una campaña para tratar de ilegalizar esta práctica. Los colectivos del Principado destacan la importancia de fomentar la educación sexual y el conocimiento de los derechos

En pleno siglo XXI, en España y en Asturias, la esterilización forzosa es legal. Los juzgados dan fe de ello. En el Principado, en los últimos once años, se ha practicado a un total de 34 mujeres. Es decir, los juzgados han autorizado 34 extirpaciones de órganos sexuales femeninos. En todo el país, el balance roza el millar. No obstante, la estadística muestra una tendencia a la baja. En los cuatro últimos ejercicios la cifra se ha situado por debajo de 80 al año, mientras que, por ejemplo, en 2010, llegaron a ser 127. En el Principado, en 2016, el último con datos oficiales, en el Principado no hubo ninguna. Este avance no es suficiente para la Fundación Cermi Mujeres España que ha comenzado una campaña para tratar de mentalizar a la sociedad de la necesidad urgente de acabar con estas prácticas. Un cambio de mentalidad es el primer paso para ganar la batalla legal. Su argumento es claro y directo: «Con independencia de que sea una decisión judicial la que autorice la esterilización, si no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir carece de ética». El hecho de que sea legal, a su juicio, no oculta una cruda realidad, una mujer con discapacidad puede ser sometida a una intervención médica innecesaria y no terapéutica para quitarle un órgano esencial para su salud sexual y reproductiva.

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