Los expertos piden cambios en los radares de Asturias

El Principado está en el pódium de las comunidades con más tramos de riesgo elevado de accidentes

Radar en Oviedo
Radar en Oviedo

Redacción

Según el último estudio de Eurorap, programa europeo de evaluación de carreteras en el que participa el Real Automóvil Club de España (RACE), Asturias está en el pódium de las comunidades con más tramos de riesgo elevado de accidentes. Ocupa el tercer lugar en tanto que el 15,61% de su red de carreteras presenta un riesgo de accidente que el informe califica de «elevado». De la treintena de vías que año tras año se analizan con dicho informe, el pasado año se concluyó que dos tramos eran los más peligrosos, los dos de la N-630: por un lado el tramo entre Mieres y el enlace de Soto de Ribera con la A-66 y, por otro, el recorrido entre el cruce de dicha nacional con la autopista del Huerna, en Campomanes, y el alto de Pajares. Pero, ¿qué se puede hacer para reducir la peligrosidad de esos tramos de concentración de accidentes?

En lo que coinciden los expertos es en que la clave no está en una sola medida y que a la hora de investigar un accidente y sacar conclusiones no hay que centrarse sólo en el conductor y en el vehículo, sino también en el estado de la vía y en otros condicionantes externos, como puede ser la climatología. Con el ánimo de hacer descender la siniestralidad, el Estado bajaba hace unos días la velocidad máxima de las carreteras convencionales de los 100 a los 90 kilómetros por hora pero, según el Coordinador de Seguridad Vial y Movilidad de RACE, Jorge Castellanos García, «esta medida no puede esconder otras necesidades viales, como el déficit de mantenimiento y conservación de las carreteras» asturianas en particular y españolas en general.

«La carretera nos habla y hay que escucharla», apostilla, y estima que una «herramienta importante» para ello son los radares, porque en los tramos de riesgo de las carreteras es «donde tienen un mayor potencial de reducción de accidentes por exceso de velocidad». Con él coincide el experto en seguridad vial e investigación de accidentes y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel González-Carbajal García, quien señala que mientras no se arreglen o corrijan las carreteras, los radares hay que ponerlos «no buscando la productividad, sino la eficacia», y precisa que el 70% de los accidentes en carreteras convencionales se producen por un exceso de velocidad.

El Coordinador de Seguridad Vial y Movilidad de RACE, en grandes porcentajes, explica que las vías de gran capacidad soportan más del 60% del tráfico y son las vías más seguras para circular ya que recogen cerca del 20% de los fallecidos en tráfico. Sin embargo, las carreteras convencionales soportan el 40% del tráfico pero en ellas se registran el 80% de las muertes, «de ahí la importancia de poner los radares en este tipo de vías, lanzando el mensaje al automovilista de que existen controles de velocidad por su seguridad, con el claro objetivo de evitar siniestros de tráfico». Por tanto, Jorge Castellanos también considera que es en las vías convencionales de la región donde deben instalarse «más que colocarlos en autopistas y autovías donde pueden registrar un mayor número de infracciones, pero donde su capacidad de evitar accidentes mortales y graves es más reducida».

Según el listado de radares publicado por la DGT a través de la web del Ministerio de Interior, en Asturias estaban ubicados ayer 54 equipos de control de velocidad, de los cuáles 24 son radares fijos y están colocados principalmente en las autopistas y autovías. El resto son aparatos móviles, algunos de los cuales también se ubican en autovías, y los demás en las carreteras convencionales. Dos de ellos están colocados en los citados anteriormente como los tramos más peligrosos de Asturias.

El experto asturiano en seguridad vial e investigación de accidentes ve difícil buscar soluciones específicas para aminorar la siniestralidad de la región mientras haya «división de titularidad sobre las carreteras», lo cual dice que «no deja de ser un problema» para llevar a cabo medidas correctoras, porque si algo quiere dejar claro es que no se pueden seguir investigando los accidentes desde el punto de vista penal y poniendo la vista en el conductor cuando «hay que mirar a la carretera como un factor más». «Entonces, o arreglas las carreteras una vez analizado porque se producen accidentes en ella o pones radares», comenta, Juan Manuel González-Carbajal García, que critica que ahora estén ubicados principalmente en las autovías «porque es donde hay más tráfico y más posibilidades de captar clientes» y pregunta si «todo punto de concentración de accidentes tiene un radar».

Otra medida que ha adoptado el Gobierno central de Pedro Sánchez ha sido la de reformar la Ley de Carreteras e incluir las expropiaciones exprés con el objetivo de que la aprobación provisional de los proyectos suponga de forma casi automática la ocupación urgente de los terrenos y bienes a expropiar, «con el fin de no demorar la realización de las obras, evitando el perjuicio que para el interés general suponen estos retrasos», se asegura en el preámbulo que explican las modificaciones. Pretenden, por tanto, aligerar el proceso burocrático con seguridad jurídica, evitando someter todos los casos a la declaración de utilidad pública o interés social como forma de mejorar de la seguridad vial en las autovías y carreteras que son de su competencia.

González-Carbajal no considera fundamental esta medida porque asegura que la expropiación urgente ya está prevista en una ley del año 1954, «una ley que está bien elaborada desde el punto de vista técnico-jurídico», con lo que hubiera visto más útil que «todo lo que tenga que ver con el tráfico se englobe en la misma ley porque ahora está todo fraccionado competencialmente hablando» en tanto que Tráfico depende del Ministerio de Interior y el mantenimiento de las carreteras del de Fomento, pone como ejemplo. En su opinión, una Agencia de Seguridad Vial sería un organismo útil que podría ayudar en gran medida a establecer medidas especificas para reducir los accidentes y la mortalidad en las carreteras.

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