La polémica de los vientres de alquiler: «Si a una española le dicen que le dan una casa igual se lo plantea»

Cristina Álvarez, la asturiana que tuvo una niña mediante gestación subrogada, afirma que la decisión del Gobierno de exigir un test de ADN deja a los menores «desamparados»

Padres afectados demandan una solución en el consulado de Kiev
Padres afectados demandan una solución en el consulado de Kiev

Las protestas de las familias que acudieron a Ucrania para iniciar un proceso de gestación subrogada regresaron esta semana, como ya ocurrió el pasado verano, ante el consulado español en Kiev, después de que se denegaran algunas solicitudes. Tras el verano, se desbloqueó la situación de varios de ellos y estaban tramitándose con una prueba de ADN del padre pero la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con fuertes críticas a las empresas que organizan estos procedimientos y a las que calificó de «mafias», instó a requirir una sentencia judicial previa por parte de las autoridades ucranianas, tal y como dictaba la normativa previa del año 2010.

Entre las familias que resolvieron su caso después del verano se encuentra la de la asturiana Cristina Álvarez, quien señaló que el cambio de criterio fijado por la ministra en este febrero no responde tanto a un interés electoral sino «personal». «Aquí lo que ocurre es que dos ministras son muy beligerantes con este tema. Porque Pedro en su momento pidió la que se regula la gestación subrogada. Es una cosa personal». Álvarez cargó además contra la también asturiana ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, de quien afirmó que «mejor se ocupaba de que los niños de Kiev tengan sanidad, que están sin atención médica y sin vacunas».

El caso de Álvarez, quien tuvo mediante un vientre de alquiler a una niña, a la que tiene previsto traer a Asturias el próximo mes de marzo, se solucionó después de verano; «desde septiembre se ha inscritos a los niños con total normalidad, hicieron un esfuerzo y en tres semanas nos sacaron a todos». Pero en febrero volvieron los problemas y varias familias, entra las que Álvarez no descarta que haya alguna asturiana, han manifestado su malestar ante la sede del consulado. 

La asturiana aseguró que este limbo legal está dejando en una situación de «desamparo» a los menores, a los bebés fruto de la gestación subrogada, porque «no tienen ni identidad;.la madre que los ha parido no los quiere y a la madre que lo quiere no se le registra, lo único que les queda es entrar en un orfanato y terminarán con algún caso así porque las familias ya no van a tener opciones». Álvarez insistió además en que la gestación subrogada es plenamente legal en Ucrania y la madre gestante no tiene ninguna obligación respecto a los pequeños porque «para Ucrania no hay más padres» que lo españoles que han contratado el proceso.

Respecto a las críticas contra el mismo proceso de gestación subrogada, que desde diversas posiciones se ha señalado como una forma de explotación del cuerpo femenino y también como un abuso de la condición de mujeres en situación de precariedad, Álvarez se defendió señalando que se intenta trasladar la idea de que Ucrania «es un país tercermundista y no es así» y también que la mujer con la que tvuo a su hija era consciente de todo lo que implicaba.

«¿Y la gente que va a trabajar todas las mañanas por 500 euros no la explotan? Por supuesto que tienen una necesidad, no para comer ¿eh? Yo conozco a mi gestante muy bien, que estado un año con ella, y ha cumplido su sueño que era comprarse una casa para ella y sus hijos. Ella lo decide libremente, tiene 35 años, que tiene formación y ya tiene dos hijas ¿crees que no sabe lo que hace? Claro que lo sabe. Lo que pasa es que ella tiene una necesidad económica que quiere paliar y lo habrá puesto en su balanza. Evidentemente si eres rica no lo haces, es que si eres rica tampoco voy a trabajar», afirmó la asturiana.

Cristina Álvarez añadió que «ella se lo toma como un trabajo y tiene que cobrar bien. El dinero que le pagamos allí es importante, con la mitad del dinero que yo le he pagado se ha comprado una casa estupenda, no un piso, una casa. Igual a cualquier mujer española le dicen que le dan una casa a cambio de hacerlo y a lo mejor hay una lista grande. Aquí trabajamos la mitad de la vida para tener una casa, la mitad de nuestro sueldo se va en mantener la vivienda ¿eso no es explotación?», insistió.

La asturiana afirmó que la presión del gobierno pretende «causar miedo a las familias y que no vayan, poner trámites administrativos para generar miedo a la gente, que no puedas opinar, manifestarte ni decidir».

Según recogió la agencia EFE, el pasado fin de semana, alrededor de una treintena de españoles se concentraron a las puertas del consulado en Kiev con lemas como «nuestros hijos son apátridas», «soy español. A mi hija no le dejan», «el Gobierno español desobedece a Europa» o «el Gobierno español no está respetando los derechos humanos de nuestros hijos».

La decisión de Justicia ha causado un gran malestar entre las familias, que se consideran víctimas de cambios de criterio y retrasos administrativos, a lo que hay que sumar las dificultades económicas que atraviesan por la dilación del proceso.

Los españoles aseguraron que llevan en Ucrania desde principios de diciembre, otros desde mediados de enero, pero la espera se les hace eterna, ya que no tienen cita en el consulado hasta mediados de marzo. Por su parte, fuentes consulares insisten en que están en contacto frecuente con las familias, a quienes han recibido repetidas veces en las dependencias del consulado y atendido caso por caso.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que el Gobierno perseguirá a «las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y donde sea». El Gobierno español recuerdó que la gestación subrogada, también denominada por sustitución y más conocida como vientres de alquiler, es una práctica prohibida en España, y que desde 2006 lleva desaconsejando el procedimiento.

Las autoridades españolas prestan especial atención a los recientes casos de irregularidades con una de las principales agencias, BIOTEX, ya que el Gobierno ucraniano acusa a la agencia de delitos de falsificación de documentos, fraude fiscal y delitos de tráfico de personas.

En Ucrania operan decenas de agencias que ofrecen sus servicios de gestación subrogada con paquetes que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, incluyendo gastos médicos, de alojamiento, servicios de traducción y asistencia legal.

La ley exige el consentimiento de la gestante libre y voluntario tras el nacimiento, algo que todas las familias españolas han obtenido. Además, la ley española vela por el derecho del menor a conocer su origen biológico, algo que no se exige en Ucrania una vez que se cede la paternidad.

«Quiero llevar a mi hija a la Santina»

Luis Ordóñez
Cristina Álvarez (izq) en Ucrania
Cristina Álvarez (izq) en Ucrania

La asturiana Cristina Álvarez se encuentra entre las familias atrapadas en Ucrania por iniciar un proceso de gestación subrogada

Son alrededor de dos decenas de familias las que se han quedado atrapadas en un laberinto jurídico y un dilema moral que divide a la opinión pública, pero más allá del debate sobre la legitimidad de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada, lo que reclaman por encima de todo es que se tengan en cuenta ante todo los derechos de los menores. Si la administración española no reconoce la filiación paternal de estos bebés, el reconocimiento de la nacionalidad por la del padre, los pequeños se quedarán en un limbo que les obligaría a permanecer en Ucrania. Entre las familias que acudieron a contratar los servicios de una gestante para conseguir un hijo se encuentra la asturiana Cristina Álvarez «mi madre es de Cangas de Onís, mi padre es de Luarca, pero yo en los años que he vivo en Asturias he vivido en Gijón. Tengo allí una casa y tenemos casa también en Cangas de Onís, lo que pasa es que llevo 20 años viviendo en Madrid».

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