Así son los científicos asturianos: becarios con más de 40 años

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

Un laboratorio
Un laboratorio

Uno de cada cuatro PDI de la Universidad de Oviedo ni siquiera tiene un contrato a tiempo completo. Solo seis de cada diez son funcionarios

20 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Los nombres propio ayudan a poner caras a los problemas. Los números, los contextualizan. El Ministerio de Educación y Cultura acaba de publicar una estadística sobre el personal de las universidades españolas que deja de relieve la situación precaria en la que se encuentran los investigadores en España. Contratos a tiempo parcial, temporales y sin ninguna seguridad, becarios por encima de los 40 años sin demasiadas expectativas de mejorar. Ese es el panorama que describe este trabajo en Asturias y también en el resto de España. Los científicos reclaman un pacto de estado por la ciencia que incluya una carrera investigadora que les libre de vivir a salto de mata y que les guíe en su tarea. A día de hoy, todo esto es imposible.

Lo que hacen los jóvenes investigadores asturianos, a falta de otras alternativas es formarse. La región tiene una de las tasas más altas científicos que se forman en la Universidad de Oviedo y leen su tesis en la misma institución. Solo en País Vasco y en Canarias, una región marcada por la insularidad, los porcentajes son más altos. El propio rector, Santiago García Granda, reconocía en una entrevista a La Voz, que la movilidad es necesaria porque otorga una experiencia única que también beneficia a las instituciones.

Qué dice el ministerio

El Ministerio de Educación reconoce que en Asturias hay un total de 2.111 profesionales dentro de la categoría de personal docente e investigador (PDI). Las cifras corresponde, de hecho, al curso 2017/2017, el último del que hay cifras oficiales. Del total, solo el 58% son funcionarios. Esto supone que tan sólo gozan de una estabilidad absoluta y tienen una carrera definida 1.237. El resto vagan entre diferentes figuras. Llama la atención que hay 667 que tan solo cuentan con un contrato de duración terminada, es decir, temporal. Estos están sujetos a todos los vaivenes posibles. 

El panorama no mejora si se analiza el tipo de dedicación que tienen estos 2.111 PDI. Un total de 506 han firmado contratos parciales, lo que supone que cobran por una jornada completa. Ni siquiera han podido firmar una jornada completa. Representa, aproximadamente, el 25%. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro científicos universitarios no pueden acceder a una dedicación total. 

Lo curioso es que esto pasa en una plantilla que, al mismo tiempo, está muy envejecida, lo que implica que la precariedad se extiende durante años. Nuevamente, tomamos como base esos 2.111. Solo 279 están por debajo de los 40 años. La conclusión surge con rapidez. Hay PDI asturianos, con más de 40 años, que no tienen ni contratos indefinidos ni jornadas completas. La precariedad que denuncian jóvenes que tratan de abrirse camino, como la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias (Afia), no parece admitir mucho debate.

Pero Afia denuncia incluso una precariedad más acuciante, la que se sufre en el escalón más bajo, justo en la puerta de entrada: aquellos que están haciendo el doctorado y preparando su tesis durante años. El Ministerio de Educación también se ha fijado en ellos. Dedica un capítulo a lo que denomina personal empleado investigador, que mete bajo el mismo paraguas a los que acceden a convocatorias públicas competitivas predoctorales denominadas FPI, FPU, las que sacan las comunidades -en Asturias son las Severo Ochoa-, la Ramón y Cajal -los contratos Ramón y Cajal. En total, hay en Asturias 571, en un número prácticamente idéntico de hombres y mujeres. 

Sus edades no se ciñen a las clásicas de los recién graduados. Menos de 25 son 78. El grueso se encuentra entre los 25 años y los 35 años. Esta horquilla abarca a 342. Pero hay 119 entre los 35 y los 45 años. Puntualmente, quedan otros 32 incluso mayores. La inmensa mayoría son FPI. Por si todo esto fuera poco, las convocatorias se retrasan y los pagos también. Las denuncias de los afectados surgen de manera recurrente sin que se haya adoptado ningún planteamiento global de solución.