La Fiscalía pide que se juzgue en España a la etarra que atentó en Gijón en 1996

La acusada sostiene que sus declaraciones son falsas ya que fue obligada a hacerlas bajo tortura

Sorzábal está encarcelada desde su detención en el País Vasco francés en septiembre de 2015 junto a David Pla, cuando se consideraba que ambos eran los jefes de ETA
Sorzábal está encarcelada desde su detención en el País Vasco francés en septiembre de 2015 junto a David Pla, cuando se consideraba que ambos eran los jefes de ETA

París

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París pidió la entrega de la etarra Iratxe Sorzábal a España para que sea juzgada por su presunta implicación en el atentado contra el aeropuerto de Alicante el 29 de julio de 1995, que causó daños materiales pero no víctimas personales. Sorzábal, como en sus comparecencias anteriores ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación, afirmó que las acusaciones de la Audiencia Nacional de Madrid -está imputada por estragos terroristas- «se basan en las declaraciones que se (me) obligó a hacer bajo la tortura en 2001».

Una alusión a sus repetidas alegaciones de haber sido maltratada por la Guardia Civil cuando estuvo detenida en España entre marzo y septiembre de ese año. La fiscal, además de insistir en que la justicia española ha refutado esas alegaciones, añadió que no cree que se pueda decir que Sorzábal corra riesgo de recibir malos tratos en caso de ser entregada. Igualmente recordó que la misma sala de instrucción dio luz verde el pasado mes de septiembre a otras dos demandas de extradición, en las que Sorzábal había utilizado igualmente el argumento de la tortura, por sendos atentados, uno en Irún en 1995 y otro en Gijón en 1996. Y que esa decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo tras el recurso de la etarra.

Su abogada, Xantiana Cachenaut, hizo notar  que antes de pronunciar su dictamen «hubo mucho debate» en el Supremo, y afirmó que ha llevado ese asunto de las dos demandas de extradición aprobadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que todavía no se ha pronunciado sobre si lo admite a trámite. Cachenaut pidió a los jueces franceses que en el dictamen que han programado para el próximo 17 de abril no den su visto bueno a la tercera demanda española sin consultar si el caso encaja en la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según esa jurisprudencia, en vigor desde 2016, un Estado de la UE debe rechazar una demanda de otro país miembro cuando en este último no se garantiza alguno de los derechos fundamentales, informa Efe.

La letrada también incidió en que con Sorzábal se ha aportado «la reina de las pruebas» de que fue torturada con el llamado Protocolo de Estambul. Una referencia al peritaje que hizo en 2017 por encargo del Tribunal de Apelación de París un médico y psicólogo, que concluyó que las secuelas que presentaba «son muy altamente compatibles» con su relato de torturas al ser arrestada en España en 2001. Sorzábal (Irún, 1971) está encarcelada desde su detención en el País Vasco francés en septiembre de 2015 junto a David Pla, cuando se consideraba que ambos eran los jefes de ETA. Cumple diversas condenas en Francia -la última que se dictó contra ella fue de 7 años el pasado 5 de febrero- y según los cálculos de su abogada podría salir de prisión en 2022.

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