Los tribunales tienen una de las mejores tasas de congestión del sistema más bajo del país pero también uno de los indicadores más altos de litigiosidad
07 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Asturias tiene un tapón en sus tribunales. A finales de 2018, el sistema judicial acumulaba 41.592 asuntos pendientes, lo que suponen 4.000 más que justo un año antes. Aunque las cifras demuestran una congestión evidente del sistema, lo cierto es que el Principado se encuentra en mejores condiciones que otras comunidades autónomas. La comparación realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su Informe de situación de los órganos judiciales en el año 2018 lo demuestra. Esta estadística revela que Asturias tiene una de las tasas de litigiosidad más altas del país, es decir, ingresa más asuntos por habitante que el resto. Así que de poco sirve que se le atribuya un buen indicador de resolución o la segunda menor tasa de pendencia de país, que es la que mide, que la mide la proporción entre los asuntos pendientes y los resueltos a lo largo del año.
La clave está en que se recurre mucho a los juzgados. Solo en Canarias y Andalucía lo hacen más que en el Principado. La tasa de litigiosidad asturiana es de 136,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. En Canarias se eleva a 167,5 y en Andalucía, a 145,1. La proporción es, por tanto, considerable. El número total de casos también ayuda a comprender el volumen del problema. En 2018, en Asturias, se ingresaron 140.041 asuntos. Las autoridades judiciales explican que ha habido un incremento de los asuntos civiles en global y de los que quedaron pendientes. Esto se debe «al papel importante que han tenido las demandas contra los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física», en términos más coloquiales, a las cláusulas suelo. En la jurisdicción penal, en cambio, el número de nuevos asuntos cayó un 2,5%. Por poner otro ejemplo, los juzgados de lo social ingresaron de media 875,14 asuntos y 3.041 por sala.
La memoria se presenta tras un año clave en la justicia española y asturiana por extensión, con diferentes movilizaciones y jornadas de huelga, por la falta de recursos y también contra los traslados forzosos. El 19 de noviembre el paro de jueces y fiscales se produjo para protestar por la falta de medios y los ataques a la independencia judicial. Tres días antes habían parado miles de funcionarios de la Administración de Justicia para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y destruye empleo del personal interino. La primera de las movilizaciones, en cambio, se remontan ya al mes de mayo, con un seguimiento masivo. Entre sus principales demandas se encontraban ya el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia, el aumento de su calidad y eficacia, y la mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones. Entre las reclamaciones de los fiscales destaca la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios, atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado y reforzar su independencia y autonomía presupuestaria.
Más datos
Si las cifras asturianas asustan, las nacionales aún lo hacen más. Los juzgados y tribunales españoles recibieron el año pasado 5.991.201 asuntos nuevos (1,5 millones sólo en el último trimestre), lo que supone un incremento del 2% respecto de 2017, motivado especialmente por las subidas de 9 y 6,5 puntos en las jurisdicciones civil y contencioso administrativo, respectivamente, y pese a la reducción del 2,5% en lo penal. Lo social también creció, aunque un 0,3%. Según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al cierre del año quedaron por resolver 2.609.182 asuntos, lo que significa un incremento del 9,6% respecto a los temas pendientes en 2017. Mientras, se terminaron 5.780.634 asuntos, un 0,6% más.
Los cuadros estadísticos con los resúmenes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revelan que los jueces del Principado comenzaron el 2018 con 37.577 asuntos en su debe. Ese volumen de asuntos pendientes siempre resulta un lastre. En los 12 meses siguientes ingresaron 140.041 asuntos más y pudieron resolver 134.365. Así que el resultado final de todo lo pendiente suma 41.592. La inmensa mayoría (más del 50%) son de la jurisdicción civil. De media, cada órgano judicial en la región tiene 374 casos pendientes.
El incremento de asuntos pendientes pivota de hecho sobre la jurisdicción civil. Los de penal han descendido ligeramente, hasta situarse en 10.364. Los contenciosos-administrativos también bajaron hasta los 2.377 asuntos. En lo socio se produjo un ligero repunte de apenas un centenar de casos. Si se mira únicamente la parte de las sentencias. La memoria del Informe de situación de los órganos judiciales en el año 2018 señala que a fecha 31 de diciembre de 2018, el Principado tenía en trámite, sin resolver, 48.501 sentencias. Nuevamente, el gran tapón se focaliza en la parte civil, con casi 40.000.
Para comparar territorios, el CGPJ utiliza tasas. El Principado no sale mal parado. Su tasa de resolución está en la media y muy por encima de Galicia, que se encuentra a la cola. La tasa de pendencia es la segunda más baja de todo el país y la de congestión también es la segunda mejor. La clave del colapso parece descansar únicamente en la litigiosidad.