¿Educación especial o educación segregada? Una polémica de la que dependen 700 alumnos asturianos

Los centros diferenciados en el Principado tienen matriculados a 664 estudiantes con necesidades especiales. Cermi quiere un cambio de modelo para integrarlos a todos en la escuela ordinaria. Un grupo de padres se niega


Especial o segregada. En función del adjetivo que se le ponga al término enseñanza se origina el debate. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pretende abrir un debate para modificar el actual modelo de educativo público de atención a la diversidad. Propone pactar unos recursos y un calendario para modificar los actuales colegios de educación especial e integrar a los 35.886 niños españoles que a día dehoy tienen matriculados en centros ordinarios, para conseguir una inclusión real. Esta propuesta ha provocado una airada reacción de un amplio colectivo de padres -organizado ahora en la plataforma Inclusiva sí, Especial también- que se niega en rotundo y que defiende el mantenimiento de equipamientos diferenciados, para atender las necesidades reales de alumnos y para que las familias puedan elegir lo mejor para sus hijos. El debate ha saltado a organizaciones de la dependencia e incluso a las Administraciones públicas, a las que se pide que tomen posición. No es algo que vaya a ocurrir hoy o el curso que viene, pero la ONU ya presiona con informes poco favorables a los postulados de las familias.

Unas cifras de aproximación

El Principado tiene escolarizados a algo más de 4.100 niños con necesidades educativas especiales. El 83% de estos alumnos acuden a centros ordinarios, es decir, comparten aulas con el resto de los estudiantes. En cifras absolutas son alguno menos de 3.500. Los 664 restantes son los que están dentro del itinerario de la educación especial específica, que acuden a centros diferenciados o que están en unidades que funcionan de manera independiente dentro de los colegios ordinarios. De esos 664, 466 están matriculados en equipamientos públicos o concertados. La situación asturiana es muy parecida a la que presenta el resto del país. En España hay 217.416 niños con necesidades educativas especiales, de los que 35.886 -como se dice en la introducción- están dentro del itinerario alternativo. En porcentaje, representan el 16,5%.

Asturias cuenta en la actualidad con once centros específicos de educación especial, de los que cinco son públicos y seis privados. En todo el país, existen 474 colegios de este tipo y el porcentaje de privados es superior al de los públicos. A los once centros que funcionan en la región habría que sumarle otros seis más, que son centros ordinarios pero que disponen de unidades sustitutorias. Este modelo está mucho más extendido en otras comunidades que en el Principado, como es el caso de Andalucía o País Vasco.

Todos estos datos aparecen reflejados en el informe Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017, presentado por el Ministerio de Educación en el mes de febrero. Es el balance más reciente que existe, que permite comparar la situación nacional y de las comunidades autónomas. Matiza el ministerio en la memoria, que esta información se recoge únicamente las denominadas enseñanzas de régimen general, la educación especial, que es el alumnado escolarizado en centros específicos y unidades específicas de educación especial. La Administración también precisa qué es un alumno con necesidades educativas especiales, que es «aquel que requiere y recibe una atención diferente a la ordinaria, por presentar necesidades especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar». 

El polémico informe de la ONU

La ONU ha reclamado a España un cambio de política con respecto a la enseñanza de los alumnos con discapacidad. Su investigación para examinar en España las presuntas violaciones graves o sistemáticas del artículo 24 del derecho a la educación, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por el Estado, partió de una denuncia previa por la exclusión y segregación de alumnos con discapacidad. Las conclusiones del informe publicado en el mes de mayo de 2018 son contundentes. El comité que realizó el trabajo observa que, «pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple». También explica que «no existe una noción clara de lo que es el interés superior del niño en materia de educación inclusiva». El sistema «se centra en los déficits y deficiencias del alumno, se realizan exámenes funcionales que resultan en la estigmatización del alumno como no educable, en vez de identificar las barreras de los centros educativos y realizar sugerencias sobre cómo se pueden eliminar para ajustarse a las necesidades». Una de sus principales quejas del informe de la ONU es precisamente la pervivencia de los centros de educación especial.  

Este informe es uno de los principales argumentos del Cermi para seguir adelante con su propuesta. Jesús Martín, el delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y para la Convención de Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que las conclusiones de la ONU «son demoledoras». Durante unos años España avanzó hacia la inclusión con este modelo pero ahora se encuentran «en una situación de inmovilismo, con dos modelos paralelos». Martín ve una clara «discriminación por razón de discapacidad» que habría que erradicar. «Como el sistema ordinario no puede escolarizar a todos los niños con discapacidad entonces los mando a otro circuito», argumenta. No dice que sea sencillo pero sí que es necesario abrir el debate ya.

Este informe es también uno de los principales argumentos de los padres, pero en su caso para exigir el mantenimiento de los centros de educación especial. Su portavoz, Luis Rojo, desautoriza el documento de la ONU. Afirma que solo estuvieron en España dos personas, diez días y que realizaron 160 entrevistas, aunque no existe constancia exacta de las visitas. Denuncia que la delegación estuvo guiada por el propio Cermi y, por tanto, sus conclusiones están totalmente condicionadas por una parte. Rojo alude a un contrainforme realizado por el Ministerio de Educación que acusa al organismo internacional de publicar un trabajo «incompleto y falto de rigor».

Dos modelos diferentes

¿Qué propone el Cermi? «Abrir el debate sereno con todas las partes, con las familias y con todos los agentes de la comunidad educativa para construir un nuevo espacio educativo, una nueva escuela en la que quepa toda la diversidad», propone Jesús Martín. Eso supone una «escuela para todo el alumnado» y el cierre progresivo de los colegios de educación especial. Sí ofrece un plazo pero como un horizonte de referencia, no como una imposición. «Las administraciones son conformistas de por sí, así que si no ponemos unos plazos no harían nada», argumenta. Ese margen para repensar el sistema sería de diez a quince años. No obstante, el Comité está abierto a escuchar propuestas.

Solicita un gran pacto político y social para que, junto al tejido asociativo, se logre un gran acuerdo para la inclusión educativa real de las personas con discapacidad que establezca las bases, dote de orientaciones y pautas, fije los criterios y proporcione los recursos para transitar hacia la inclusión. «Nadie ni nada sobra en el ámbito educativo. El Cermi no quiere cerrar nada ni desmantelar o liquidar estructuras educativas que aporten o hayan aportado valor a la educación de las personas con discapacidad», argumenta.

El cierre de los colegios de educación especial sería, en todo caso, el último paso de un proceso mucho más ambicioso, en el que sería necesario aprobar una memoria económica a su altura. Martín explica que esa escuela para todos «no es solo de acogida, también tendría que ser de progreso y participación. Los tres parámetros van siempre de la mano». Esto implica desde adaptar los edificios, la programación educativa, el programa de actividades extraescolares o los patios. «La escuela es una oportunidad para generar inclusión. Si conviven juntos desde los primeros cursos a nadie le va a chirriar. Lo que necesitamos son políticos valientes que adopten decisiones, dialogando y consensuando pero sin posturas inmovilistas», señala el delegado de Derechos Humanos y Discapacidad del Cermi, para el que la existencia de los centros de educación especial, en pleno siglo XXI, son una forma de clasificar niños, lo que supone «una anomalía jurídica».

Luis Rojo defiende, con un amplio grupo de padres detrás, que no se toque nada. Dice que el sistema funciona y que no se tiene que modificar. Reclama la pervivencia del doble sistema de manera complementaria, con la integración en las aulas ordinarias siempre que sea posible y los colegios diferenciados cuando no sea así. «Son niños con nombres y apellidos no porcentajes. No queremos que hagan experimentos con ellos ni tampoco enfrentamientos», argumenta. Reivindica, además, el derecho de los padres a elegir lo mejor para sus hijos y acusa al Cermi de tener una doble agenda, de ir amoldando su discurso a medida que surgen nuevas reticencias a su proyecto.

Los padres, que están trantado de organizarse también en Asturias, recurren a todo tipo de argumentos. En el plano económico, el portavoz de la plataforma Inclusiva sí, Especial también señala que el dinero que se obtendría con el cierre de los colegios diferenciados no sería suficiente para sufragar ese proyecto de inclusión. Duda de sus bases educativas e invita al Comité «a hablar de pedagogía no de ideología, que es la ONU». Pero, sobre todo, pone ejemplos. Habla de Carolina, que tiene dos hijos con discapacidad intelectual. Para el primero, con un retraso madurativo fuerte, luchó para que fuera a un centro ordinario con todos los apoyos necesarios. El pequeño, con un Síndrome de Down, está en un centro especial. «Escogió lo mejor para cada hijo, para su desarrollo cognitivo y social, para que se sientan comprendido e identificado con sus compañeros», comenta Rojo. O el hijo de José María, otro directivo de la plataforma, diagnosticado con autismo, que no aguanta los gritos y que llega a autolesionarse dándose cabezazos contra la pared. «Nos duele que nos llamen segregadores», concluye.

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