El 26-M marca el futuro inmediato de la oficialidad de la llingua

El nuevo reparto de escaños en la Junta General determinará si se pueden sumar los tres quintos de la cámara que exige una reforma estatutaria

La manifestación por la oficialidad
La manifestación por la oficialidad

El camino hacia el consenso político para aprobar la oficialidad de la lengua asturiana dio un paso de gigante en septiembre del año pasado cuando el congreso de la Federación Socialista Asturiana aprobó, por una mayoría de votos de la militancia, respaldar una futura reforma del estatuto que diera un reconocimiento legal pleno a la llingua. En los meses siguientes se sucedieron manifestaciones masivas de apoyo a la oficialidad y también comenzó a bosquejarse el borrador del proyecto con el que los socialistas pretenden concretar el diseño de un modelo propio «a la asturiana» para su regulación, una «oficialidad amable», en palabras del secretario general y candidato a la presidencia del Principado, que lograra esquivar los resquemores que aún despierta este asunto en los sectores más conservadores de la sociedad.

Los socialistas se sumaron a un apoyo que venían manteniendo desde hace décadas Izquierda Unida y desde su fundación Podemos Asturies. De hecho, después de que el congreso de la FSA diera esa giro, ambas fuerzas, con distinta intensidad, trataron de apremiar al Ejecutivo de Javier Fernández a que diera los primeros pasos para comenzar las reformas en esta legislatura pero fue en vano. El jefe del Ejecutivo salió derrotado en el congreso de la FSA frente al sanchismo y ni él ni la mayor parte de los miembros de su gabinete o del grupo parlamentario (con la excepción del consejero de Educación Genaro Alonso) manifestaron nunca la menor intención de avanzar en el sentido de la oficialidad. Además, en varias ocasiones, Fernández recalcó que había llegado a la Presidencia con un programa que no recogía tal iniciativa y que se atendría a ese «contrato» con los electores.

Un paso histórico o de gigante puede no llegar a ser suficiente. Las mayorías que exige una reforma estatutaria son muy amplias, hace falta una mayoría de tres quintos de la cámara autonómica, es decir, 27 escaños, para que después el texto sea remitido a las Cortes Generales para su ratificación. El reparto de escaños en la Junta General está por decidir, pero una proyección basada en los resultados de los comicios inminentemente anteriores hace que se antoje complicada que se sume esa mayoría. Con esa extrapolación, el PSOE tendría la representación más amplia, pero de daría también un descenso notable de Podemos de IU, un incremento de Ciudadanos a costa del desplome del PP y la entrada de Vox con un número suficiente de diputados como para formar grupo propio. 

En el último mandato, el PP se ha declarado explícitamente contrario a cualquier reforma que vaya en el sentido de oficialidad, más aún, se ha negado a que comisiones específicas sobre la llingua se pudieran recoger en la propia lengua autónomica y e incluso el líder nacional, Pablo Casado, tuvo intervenciones concretas en Oviedo descartando cualquier tipo de apoyo en este sentido. Desde Ciudadanos, sus dirigentes también se han manifestado contrarios a la oficialidad aunque sí han declarado ser partidarios de desarrollar plenamente la vigente Ley de Uso. Desde Foro, que tiene en el filo de la navaja la posibilidad de entrar en la Junta, se dio un giro para oponerse a la oficialidad aunque en sus inicios recabara apoyos entre sectores asturianistas y recogiera en sus estatutos el apoyo a la reforma si se lograba un consenso social y parlamentario suficiente. Vox no sólo es abiertamente opuesto a la oficialidad si no que algunos de sus más destacados dirigentes han emprendido campañas en redes sociales de manifiesta aversión hacia el asturiano; incluso con uno de los más enrevesados e involuntariamente cómicos episodios de fake news al respecto. 

Entre los argumentos contrarios a la oficialidad destacan dos fundamentales: el coste económico que pudiera suponer su aplicación y la posibilidad de que su desarrollo derive en algún tipo de imposición. Ciertamente la oficialidad obliga a la administración. En la actualidad, con la vigente Ley de Uso, cualquier ciudadano puede dirigirse en asturiano a los organismos oficiales del Principado pero estos no tienen ninguna obligación legal de responderle en la misma lengua. Con la oficialidad eso cambiaría.

Dentro del grupo de trabajo en la FSA que prepara su modelo de «oficialidad amable» se ha resaltado en todo caso que su apuesta se fija firmemente en la «voluntariedad». En el caso de las oposiciones para funcionarios, los postulados de este grupo pasan porque en ningún caso se exija el conocimiento de llingua para acceder a un examen, salvo en los casos en los que se examinen para una plaza relacionada directamente con el asturiano. El conocimiento de la llingua sí contará como mérito adicional, dará puntos, «en igualdad con lo que sucede ahora por saber otras lenguas europeas». Para acceder a un puesto en la administración en Asturias se valora ahora mismo como mérito saber inglés, alemán, catalán, vasco o gallego, pero no asturiano. Con la oficialidad, sí contaría, pero no será un requisito imprescindible «salvo que el puesto lo exija específicamente».

En el caso de la enseñanza en ningún momento la FSA se ha planteado generalizar que se utilice como lengua vehicular en la escuela, como tampoco lo ha hecho la Academia de la Llingua. El grupo de trabajo que prepara la propuesta que irá en el programa electoral del PSOE sí plantea «garantizar que aquellos alumnos que quieran estudiar asturiano lo estudien efectivamente». En teoría en la actualidad debería ser así pero en la práctica depende de los ratios de alumnos y de un mínimo de demanda de manera que los centros educativos pueden optar por no ofrecer la asignatura. La propuesta socialista pasará por «garantizar» que todo alumno que demande la asignatura podrá recibirla, siempre a requerimiento de los estudiantes y sus familias. En el modelo que elaboran no se incluye incluir la materia de asturiano como asignatura troncal para la generalidad de los alumnos. En el grupo de trabajo han insistido en que la asignatura será voluntaria.

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