La Audiencia cree que la certificación tenía «un fundamento médico sólido». El joven, G.M. de 29 años, fue dado por fallecido por dos facultativos del centro penitenciario
14 may 2019 . Actualizado a las 20:12 h.La Audiencia de Oviedo considera que la certificación errónea de la muerte de un preso en la cárcel de Asturias en enero de 2018 «tenía un fundamento médico sólido» por la falta de constantes vitales y por el consumo previo de sustancias tóxicas, informa EFE. En sendos autos, la Audiencia desestima el recurso presentado contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo de archivar la denuncia interpuesta por la representación del preso y contra la denegación de una serie de pruebas complementarias.
El joven, G.M. de 29 años, fue dado por muerto por dos facultativos del centro penitenciario tras ser hallado inconsciente en su celda durante el recuento matinal de presos, circunstancia que posteriormente fue certificada por la médico forense que acudió a la cárcel para proceder al levantamiento del cadáver. A continuación, el preso fue introducido en una bolsa de plástico de las utilizadas para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo funerario al Instituto de Medicina Legal de Asturias (IMLA) para que se le realizase la autopsia.
Una vez allí, cuando el recluso iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comenzó a emitir sonidos por lo que personal del IMLA abrió la bolsa y apreció que se movía por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La Audiencia ha confirmado el archivo de la denuncia del preso al considerar que la certificación errónea de la muerte «tenía un fundamento médico sólido» y respalda así el criterio de la Fiscalía, que apuntaba que el reo parecía estar muerto y que en su celda se hallaron restos de pastillas y de papel de plata quemados.
El auto indica que la analítica acredita «el previo consumo de tóxicos que, junto a la falta de constantes vitales certificada por los forenses en el informe, explican médicamente el error cometido «en la creencia de que el recurrente estaba muerto». La Audiencia, que apunta que las fotografías constataron «la falta de movilidad y de reacción a estímulos» y que se encontraba en situación de «muerte aparente», tal y como explicaba la instructora.
La decisión de la Audiencia no es recurrible, pero la defensa del preso, representada por el abogado Iván Cortina, mantiene la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. La representación legal del joven reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una indemnización de 50.000 euros por los daños morales y los perjuicios físicos y psíquicos causados al recluso y a su familia. Tras su traslado, el joven permaneció ingresado diez días en el HUCA sometido a un fuerte tratamiento farmacológico y a varias sesiones de hemodiálisis por el deficitario trato que le dispensaron los servicios médicos de la prisión, según alega su defensa.
