El bloqueo político dispara el impacto económico en las cuentas de Asturias

L Ordóñez

ASTURIAS

A la falta de un mecanismo para recibir alrededor de 200 millones de financiación autonómica se suman las dificultades para actualizar las pensiones

20 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

En el mejor de los casos, si se cumplieran las previsiones más optimistas y después de las elecciones de noviembre se apuraran los plazos para la constitución de las nuevas cortes y no hubiera ningún tipo de obstáculo en la negociación de la investidura del nuevo gobierno, aún así, el país y sus administraciones habrán pasado un año largo con buena parte de sus trámites o demorados o paralizados. Al bloqueo político, que se ha agudizado en los últimos meses, se suma que la situación inmediatamente anterior ya era de por sí peculiar, si hubo una convocatoria electoral en abril fue porque el Ejecutivo salido de la moción de censura no había logrado reunir los apoyos necesarios para sacar adelante su proyecto de presupuestos. A la prórroga de una cuentas diseñadas por un gabinete conservadores (corresponde al último mandato de Montoro al frente del Miinisterio) se ha sumado la prolongación de situación en funciones del gobierno que le impide desplegar mecanismos de financiación a las comunidades autónomas, como son los casos de las entregas a cuenta o las mensualidades atrasadas del IVA.

En el caso de Asturias suman alrededor de 200 millones de euros, de los que unos 75 corresponden a las mensualidades atrasadas del IVA y el resto (algo más de 120 millones de euros) a la parálisis de las entregas a cuenta. Este jueves. la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró que «casi» tiene la solución para abonar a las comunidades autónomas las cantidades pendientes de las entregas a cuenta, que deberían efectuarse antes del 15 de diciembre y que se encuentran bloqueadas por la situación de interinidad del Gobierno.

«Casi tenemos ya la solución, pero tenemos que dejar que trabajen los cuerpos técnicos del Ministerio, que son los que definitivamente la tienen que validar», una respuesta que tendría que llegar «antes de diciembre», ha explicado la ministra en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE. En todo caso, la ministra no detalló cómo sería este mecanismo e insistió en que hay un problema «de tesorería», no presupuestario, que para la mayoría de las regiones equivale a unos 15 días de pago, por lo que ha criticado que «algunos estén utilizando las entregas a cuenta para supuestamente justificar su inacción». La ministra recalcó que, al margen del conflicto por las entregas a cuenta, las comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit público en 2018 -Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía- recibirán «lo antes posible» aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para poder hacer frente a sus pagos.

Sin embargo la noticia creó una cierta inquietud entre las comunidades, como es el caso de Asturias, que sí cumplieron los objetivos de déficit y que no han visto todavía una solución sobre la mesa. Así, al término del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, declaró que no conocía los planes de Hacienda y, aunque señaló que en el Principado, eran conscientes de que Hacienda «está trabajando a fondo» para hallar una solución, esperaban que Asturias no sufrirá «ningún trato discriminatorio» y que las soluciones que plantee el Ejecutivo central sean «equitativas» para todas las comunidades sin que el rigor presupuestario con que ha actuado «penalice» al Principado.

Fuentes del Ejecutivo asturiano explicaron que el FLA no es una opción para la comunidad porque sí cumplió los criterios de estabilidad y recordaron que el pasado mes de marzo, con el anterior gabinete de Javier Fernández, el Consejo de Gobierno del 13 de marzo aprobó la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera para el primer trimestre del año, por un monto de 132,7 millones de euros. Este fondo es un mecanismo que pone el Estado a disposición de las comunidades autónomas pero solo las cumplidoras que hayan cumplido con los criterios de estabilidad.

El bloqueo del Gobierno tiene también una incidencia directa en la actualización de las pensiones y los salarios de los empleados públicos. Ya en agosto, desde CCOO se advirtió sobre el riesgo de que las pensiones públicas se revaloricen solo un 0,25 % el próximo 1 de enero si no se constituye un Gobierno que pueda aprobar una norma con rango de ley para elevar la subida. La ausencia de Ejecutivo lastraría el poder adquisitivo de los más de 302.400 pensionistas asturianos que contaba el Ministerio de Trabajo el pasado mes de marzo; y circunstancia que también afecta a los 57.871 empleados públicos en la comunidad que verán sus salarios congelados. El año pasado, el Ejecutivo socialista elevó la subida hasta el 1,7 %, tendencia que incorporaba a los Presupuestos rechazados por el Congreso. Con la ley sin cambiar, el alza volverá a ser la mínima el próximo año mientras no se constituya un nuevo Gobierno. Sin la fórmula del real decreto ley, el único método de indexar el incremento de las pensiones a la inflación parte de la formación de un Ejecutivo con plenos poderes antes de finalizar el 2019.

Al margen de cuestiones sobre las que es más sencillo poner números, hay otras consecuencias del bloqueo político que afectan directamente a Asturias y quizá en magnitudes mayores. El Ejecutivo tenía elaborado el borrador para la aprobación del Estatuto de la industria electrointensiva antes de las elecciones pero no puede aprobarlo si está en funciones. Se trata de una cuestión fundamental para la economía asturiana ya que algo más del 20% del PIB regional tiene su origen en la industria. Se trata además de un sector azotado por una enorme incertidumbre internacional, por las consecuencias del Brexit y también por la guerra comercial desatada por la administración Trump de EEUU y que atañe a China pero también a la UE.

Son precisamente esos argumentos los que aducen algunas de las multinacionales con presencia en Asturias, desde Arcelor a el último caso de Vesuvius para plantear recortes en la producción o despidos masivos.