La segunda oportunidad de Asturias: la UE aportará fondos multimillonarios para la reconversión minera

La Comisión Europea aportará 100.000 millones para regiones que, como Asturias, aúnan tradición industrial o energética, dependencia del carbón y altas tasas de paro. «Esto es un mensaje para los mineros de Asturias», afirma Frans Timmermans, vicepresidente de la CE

Salida de los mineros encerrados en el pozo Santiago
Salida de los mineros encerrados en el pozo Santiago

Asturias tiene una segunda oportunidad en su larga reconversión tras el mediocre resultado de los fondos mineros. La Comisión Europea ha presentado su estrategia para convertirse en el primer continente neutro en emisiones de dióxido de carbono y ha puesto cifras sobre la mesa: va a movilizar miles de millones de euros, fondos que pueden recaer en el Principado. La clave reside en el mecanismo de Transición Justa, que puede invertir 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para ayudar a regiones que, como Asturias, aúnan una fuerte tradición industrial o energética, con una pasada dependencia del carbón y que presentan altas tasas de paro. Es decir, ayudas que encajan a la perfección con el perfil económico del Principado. «Esto es un mensaje para los mineros de Asturias, del oeste de Macedonia y Silesia», citó expresamente Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea en Estrasburgo.

La CE ayudará a aquellas regiones que por su tradición industrial o energética tengan más dificultades para la transición ecológica, como Asturias, Castilla y León y Aragón. Para que el Principado pueda beneficiarse de estos fondos, el Gobierno central tendrá que presentar un plan territorial de transición, que deberá recibir el visto bueno de la Comisión. Las ayudas podrán utilizarse para la reconversión económica de Asturias, la recualificación de los trabajadores, la adaptación de instalaciones para nuevas actividades o la incorporación de energías limpias.

Cómo será el reparto

¿Cuáles son los criterios de selección? A la hora de atribuir el dinero entre los países -cuestión que se prevé espinosa- se tendrán en cuenta a las regiones que tengan industrias intensivas en emisiones y actividades de extracción o producción de carbón, petróleo de esquisto o turba, y en particular su tasa de paro. También influirá el nivel de riqueza de cada Estado. España ha anunciado que apoya la iniciativa de Bruselas, pero ha advertido de que no puede servir solo para ayudar a los rezagados de la transición, penalizando a los que sí han hecho los deberes.

«Sabemos que estas regiones (como Asturias) están encarando un camino empinado hacia la neutralidad climática. Sabemos que la idea de un futuro diferente, más limpio, es bien recibido en general pero el camino hoy parece abrumador. Este Mecanismo de Transición Justa, de al menos 100.000 millones de euros es un compromiso que la Unión Europea suscribe con vosotros en esta transición», añadió Timmermans. El eurodiputado asturiano Jonás Fernández agradeció durante su intervención a Timmermans la mención expresa de Asturias, «una región que lleva décadas haciendo frente a ajustes y que asume un nuevo reto, hacer frente al cambio climático. Pero ese proceso debe ser pautado, equilibrado e igual para todos». Jonás Fernández recordó también que quedan otros temas por dilucidar de gran calado como el arancel ambiental que solicita el Gobierno de Asturias.

La CE ha puesto cifras sobre la mesa. El fondo de Transición está dotado con 7.500 millones del presupuesto comunitario, a los que se sumarían una parte de los fondos de cohesión que reciba cada país y aportaciones de los presupuestos estatales. En función de las contribuciones nacionales, el Fondo podría movilizar entre 30.000 y 50.000 millones en siete años en forma de subvenciones. El Mecanismo de Transición Justa se completaría con unos 45.000 millones en inversiones privadas y una facilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar el apoyo público, a razón de entre 25.000 y 30.000 millones.

Las cifras propuestas por la CE deben todavía recibir el visto bueno de los países dentro de la negociación del presupuesto comunitario 2021-2027. Fuentes comunitarias advierten de que aplicar «recortes importantes pondría en peligro» el Plan y «no son aceptables».

El pilar financiero del Pacto Verde

Bautizada como Plan Europeo de Inversiones Sostenibles, la estrategia constituye el pilar financiero del Pacto Verde, la iniciativa estrella de la CE que preside Ursula von der Leyen que, además de la neutralidad climática, plantea endurecer los objetivos de reducción de emisiones de carbono para 2030. Según Bruselas, cumplir las metas actuales requerirá al menos 260.000 millones de euros adicionales al año. El objetivo del Plan de Inversiones es que el sector público lidere la financiación de la transición ecológica, pero que el privado termine aportando el grueso de los fondos.

«Estamos enviando una señal clara a las autoridades públicas, empresas e inversores: tenemos que pensar verde cuando invertimos», dijo el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, al presentar la iniciativa en la Eurocámara. De acuerdo con el plan, unos 500.000 millones de las inversiones saldrían del presupuesto comunitario, mientras que InvestEU -sucesor del llamado Plan Juncker de inversiones- movilizaría unos 279.000 millones en apoyo a proyectos ecológicos, sobre todo del sector privado, informa EFE.

Otros 114.000 millones vendrían de fondos de los países, que tendrán que cofinanciar ciertas iniciativas, y 100.000 del Mecanismo de Transición Justa destinado a las regiones peor posicionadas, según los cálculos de Bruselas. Los países del Este, más dependientes de los combustibles fósiles y más reacios a la ambición verde de Bruselas, venían reclamando ayudas para llevar a cabo una transición que tendrá un importante impacto sociolaboral.

La promesa de este Mecanismo allanó el camino para que Hungría y República Checa aceptasen la neutralidad climática en 2050 y su puesta en marcha podría acabar de vencer las reticencias de Polonia, único país que no suscribió ese compromiso.

Alemania abre una central térmica en plena ola de cierres y descarbonización

L.O.
La central térmica de Datteln-4
La central térmica de Datteln-4

Aumentan las críticas políticas tras la autorización para la puesta en marcha a partir de junio de la planta de Datteln-4, en Dortmund

Si la transición energética y los procesos de descarbonización reciben tanta atención en Asturias no es tanto por el peso de la minería en la economía regional (que ya es, especialmente desde el año pasado, totalmente residual) sino por el impacto que tendrá el cierre acelerado de las centrales térmicas en la economía regional. Por un lado por el empleo directo e indirecto que se perderá con la clausura ya anunciada de Lada y Velilla, además de Soto de la Barca, (de los trabajadores de las plantas y de transportistas que llevan carbón desde los puertos); pero también por la incertidumbre sobre la garantía de suministro de energía a la industria de la comunidad, electrointensiva, es decir que la tarifa eléctrica supone uno de los mayores costes de producción. En este contexto, con partidos y agentes sociales (tanto patronal como sindicatos) preocupados por las consecuencias de un cierre impulsado por la Unión Europea, Alemania no sólo retrasa más que España la clausura de sus plantas, es que abrirá una nueva este año.

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