El Observatorio contra la Corrupción califica de «vergonzosa» la actitud de Lanero

la voz REDACCIÓN

ASTURIAS

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, interviene durante la manifestación del 1 de mayo convocada en Mieres
El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, interviene durante la manifestación del 1 de mayo convocada en Mieres Alberto Morante

El colectivo acusa al secretario general de UGT Asturias de «faltar a la verdad» al negar el presunto desvío de los fondos de formación

22 ene 2020 . Actualizado a las 14:26 h.

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) ha calificado de «vergonzosa» la actitud del secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, al «faltar a la verdad» al negar el presunto desvío de fondos del sindicato en Asturias en los cursos de formación entre 2010 y 2014 por 1,4 millones por el que han sido procesados cuatro exdirigentes y dos técnicos y la organización como persona jurídica. Entre las personas procesadas se encuentra el ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en 2016 tras permanecer al frente del sindicato durante 16 años.

El presidente de Ocan, Manuel Benayas, y el abogado Alberto Suárez, han expresado su satisfacción por el auto de transformación en procedimiento abreviado por el que la juez instructora acuerda conceder un plazo de diez días a las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral o su sobreseimiento. Benayas y Suárez han censurado las declaraciones de Fernández Lanero y han negado que el sindicato «estuviera indefenso», como ha defendido, al haber presentado UGT durante la fase de instrucción una prueba pericial para «desdecir» las cuestiones que se investigaban ya que, según han dicho, lo que le gustaría al sindicato es que el proceso fuera «en la línea contraria y se sobreseyera».

El Observatorio, que ejerce la acusación popular, ha valorado positivamente el «paso adelante» que ha dado la juez de Instrucción número 4 de Oviedo al apreciar la existencia de cinco delitos de fraude en subvenciones que, a su juicio, tendría encaje en el artículo 308,2 del Código Penal, que fija la imposición de penas de entre uno y cinco años de cárcel. Benayas y Suárez han reiterado su denuncia pública sobre la falta de fiscalización de la administración porque los controles «son más formales que materiales» y han criticado el cierre «en falso» de la comisión parlamentaria que investigó la causa que no emitió conclusiones «de ningún tipo».