El virus deja 29 fallecidos en las residencias todos ellos residentes. La patronal del sector denuncia que le faltan medios y personal
01 abr 2020 . Actualizado a las 19:49 h.La cifra de residentes en centros geriátricos del Principado con coronavirus ya rebasa los 200. En concreto, asciende a 204. A ese dato habría que sumar los 69 profesionales contagiados. El listado de fallecimientos es de 29, uno más que el martes y todos usuarios. Esta es la última actualización de datos ofrecida por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que confirma el incremento diario de casos y de fallecimientos. Por su parte, una de las patronales del sector, la Asociación de Centros Geriátricos del Principado (Ascege), ha denunciado la escasez de medios de protección y de personal con el que se está encontrando y también teme que se esté «criminalizando» a su gremio.
La información ofrecida por la Administración asturiana permite comprobar la situación del COVID-19 tanto en la red pública como en la privada, para analizar la penetración y el estado de los brotes. En el caso de los establecimientos públicos, gestionados por el ERA, que fue donde primero se confirmaron positivos y donde se localizaron los dos brotes más letales hasta el momento, tiene 163 residentes y 55 profesionales afectados, a día de hoy, 1 de abril. Esto supone que ha registrado 16 positivos en residentes y dos en trabajadores en las últimas 24 horas. La parte positiva es que en ese mismo periodo de tiempo no han registrado más fallecimientos, por lo que sigue estabilizado en los 22 muertos que se habían adelantado ya ayer, martes.
La penetración es menor en la red privada, donde todavía no hay ningún foco. No obstante, sus casos han aumentado considerablemente en los últimos días. El balance actualizado por la consejería especifica que se han confirmado positivos en 41 residentes y 14 profesionales. Son tres usuarios y dos trabajadores más que en el balance anterior. También han llegado a los siete fallecimientos, uno más.
También se puede analizar el número de establecimientos afectados por la epidemia. En concreto, se han notificado casos en once residencias del ERA y en una de Navia que es de titularidad pública y gestión indirecta. En cuanto a las residencias pertenecientes a empresas privadas, las pruebas han confirmado positivos en 17, dos más que el martes.
La situación registrada en los alojamientos de la tercera edad es una de los que más preocupa a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Tanto es así que ya hace días que adoptó la decisión de medicalizar Grado y Palacio el Villar, en Castrillón, que son los dos brotes de mayor dimensión. De hecho, en Grado se ha considerado como positivos a sus 74 residentes, aunque alguno de ellos había dado negativo en las pruebas. Medicalizar supone reforzar la plantilla de personal sanitario hasta convertirlo, por personal, casi en un hospital.
La patronal
Por su parte, Ascege cree que no se está haciendo lo suficiente. Denuncia que más de dos semanas después de decretado el estado de alarma, en medio de una gigantesca crisis se están encontrando con «una falta manifiesta de una estrategia preventiva, clara de intervención, que nos permita avanzar de manera más rápida hacia la salida de esta situación». Por eso reclama a la Administración «medidas preventivas que eviten llegar a situaciones de contagios tanto de usuarios de centros de mayores como de los trabajadores que prestan sus servicios. Del mismo modo exigimos directrices claras para evitar la carencia de profesionales en los centros y una política de comunicación responsable que huya de titulares sensacionalista que criminalizan a nuestro sector».
Ponen ejemplos concretos de los que demanda. Denuncia que los equipos de protección Individual (EPIs) no llegan a sus instalaciones y que el material que se les facilita es «escasísimo y del todo insuficiente para proteger a los trabajadores, que tienen que atender diariamente a personas que, o bien están infectadas o están en proceso de determinarse si lo están o no». También se queja de que no se están realizando suficientes pruebas y conoce casos de residencias o de trabajadores que están asumiendo ellos mismos el coste del test. «La carencia de esta prueba implica que ante la aparición de los síntomas nos veamos obligados a actuar como si ya hubieran sido diagnosticados. Esta situación dificulta enormemente el trabajo de los profesionales ya que hay que protegerse, aunque sea de forma precaria con el material al que hemos tenido acceso», insiste.
Las residencias tampoco disponen de personal suficiente. Como no se están realizando test a los trabajadores de centros, se concede la baja directamente cuando existe una sospecha de que pueda ser positivo. La patronal calcula que por este motivo las bajas en su plantilla rozan el 30%, es decir, casi uno de cada tres profesionales. Por eso insiste en que se hagan las pruebas de manera generalizada, para no tener a trabajadores sanos en cuarentena dos semanas.
Al mismo tiempo que denuncia estas carencias, Ascege defiende que «el esfuerzo y dedicación de los operadores del sector está siendo modélico y salvo contadas excepciones, está muy por encima de las exigencia legales que se puedan pedir a los mismos». Por eso reclama que se valore la labor que se está desarrollando. «Exigimos que no se hagan declaraciones que lleven al titular fácil que criminaliza a nuestro sector. No podemos permitir que se generalice y que el trabajo y el cuidado de las personas mayores, en nuestros centros, esté en tela de juicio por informaciones sesgadas que alarman, sobre todo, a las familias de los usuarios que residen en algún centro del país y que por imperativo legal no puede visitarlas en persona», reclama.