El Principado defiende que ha arañado 50 millones más al fondo de compensación entre críticas de oposición y sindicatos

El Gobierno regional señala que su negociación para conseguir otros criterios eleva la cantidad a 280 millones. El PP, IU, Foro y hasta UGT afirma que la cuantía «es insuficiente»

Adrián Barbón escucha la intervención de Laura Pérez Macho, en el pleno de la Junta General
Adrián Barbón escucha la intervención de Laura Pérez Macho, en el pleno de la Junta General

Asturias recibirá 50 millones más de los que le habrían tocado con la propuesta inicial para el reparto del fondo de compensación del coronavirus cifrado en 16.000 millones. El Gobierno del Principado ha explicado que su presión sobre el Estado para modificar los criterios y que no se primase solo el impacto de la enfermedad sino el esfuerzo realizado por las comunidades ha permitido que la cantidad inicial estimada de 230 millones de euros se haya elevado hasta 280 millones. Esa es la estimación actual que baraja, a la espera que se concrete la distribución de los recursos, que se realizará en varias etapas desde el mes de julio. La satisfacción del Ejecutivo asturiano choca, sin embargo, con los cálculos realizados por partidos de la oposición y por algunos sindicatos. La portavoz de IU, Ángela Vallina, cree que por debajo de 300 millones «la cantidad es escasa». La portavoz del PP, María Teresa Mallada, eleva la cifra a 352 millones. Esa es la cantidad que calcula que le habría tocado con los criterios originales, esos que el Principado consideraba más negativos. Foro señala que es «insuficiente». UGT, por su parte, indica que 280 millones son menos de los que le correspondería a la región si solo se tuvieran en cuenta su peso demográfico, es decir, el peso de su población dentro del censo nacional. 

Frente a esta críticas, el Principado se defiende y llama a la oposición a votar a favor de este fondo de compensación en el Congreso. Aunque el Consejo de Gobierno ya dio el visto bueno el pasado marte, este proyecto tiene que pasar por el Parlamento, al tratarse de un real decreto. El Ejecutivo asturiano ha insistido en que no se trata «de un fondo de reconstrucción sino de un mecanismo de compensación» y, por lo tanto, es normal que las comunidades más castigadas por el coronavirus, que son las que han tenido más positivos y más víctimas mortales- reciban mayores recursos. «Afortunadamente, Asturias ha sido menos golpeada por el virus. ¿Desearíamos más dinero a cambio de tener más afectados, más hospitalizados o más ingresos en UCI? Sinceramente, creo que no», ha argumentado la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. El Gobierno ha insistido en que el documento ha mejorado desde la propuesta inicial. Destaca dos vitorias importantes. La primera, que se considere la población protegida equivalente, que es el criterio que aplica el Sistema Nacional de Salud que tiene en cuenta el gasto en función de cada tramo de edad y lo pondera especialmente a partir de los 65 años, y que se aumente su peso. La segunda consiste en que se computen todas las pruebas PCR realizadas y no sólo las positivas.

El Principado ha apelado a la responsabilidad y lealtad de todas las fuerzas con representación parlamentaria para que voten a favor en el Congreso. Especialmente, ha puesto la presión sobre Ciudadanos. Ha recordado que «sus diez diputados son claves para esa convalidación, después de que la portavoz naranja en la Junta General, Laura Pérez Macho, cuestionara ayer la cuantía para Asturias al ser inferior a la que le correspondería atendiendo a su población (352 millones)».

Qué es este fondo y cómo funciona 

Este fondo de 16.000 millones es no reembolsable. Las comunidades no tendrán que devolver el importe. Esto, ha matizado la Administración asturiana marca una diferencia sustancial con otros mecanismos arbitrados durante la gran recesión, como el fondo de liquidez autonómico. Además es independiente del sistema de financiación. No altera las previsiones del sistema de financiación autonómica ni tampoco funciona como una entrega a cuenta. El texto de este real decreto 22/2020 lo detalla.

Para el Principado es crucial recordar que es un fondo de compensación y no reconstrucción. Este mecanismo trata de compensar el doble impacto de la epidemia en las comunidades, que han tenido que afrontar desembolsos extraordinarios, principalmente en materia sanitaria y educativa, y que han registrado una caída de ingresos tributarios. Esa factura del COVID-19 en Asturias asciende a unos 250 millones de euros. Esa es la cantidad que el Gobierno cree que ha costado la enfermedad, 110 millones del aumento de gastos y 150 millones del descenso de la recaudación. «No se trata de un fondo para reconstruir ni invertir, cuestión que se deberá afrontar en un debate posterior ligado a los fondos europeos, sino exclusivamente para compensar los gastos de más en materia sanitaria y educativa, así como la pérdida de ingresos. Conviene tenerlo claro para no hacer afirmaciones inexactas», señala la Administración asturiana consciente de las críticas.

Con este planteamiento en mente, ha considerado lógico que «las autonomías más afectadas por la epidemia serán también las que más recursos reciban, al menos porcentualmente», ha explicado Cárcaba.

Planteamiento inicial y mejoras

El planteamiento inicial era también de 16.000 millones, 10.000 millones para la compensación de gastos sanitarios, 1.000 millones para compensación de gasto social  y 5.000 millones para compensar la caída de recaudación. Los 10.000 millones sanitarias se distribuías, a su vez, en dos tramos. En el primero, de 6.000 millones, la población real de cada comunidad pesaba un 20%. En el segundo, de 4.000 millones, la población real pesaba un 40%. Otro factor de cálculo era el porcentaje de pruebas PCR positivas sobre la población. De los 5.000 millones para compensar la caída de recaudación se tomaba en cuenta exclusivamente la bajada real de ingresos respecto a años anteriores.

El Principado, tras leer el proyecto, presentó una serie de reivindicaciones. Negoció que se tomase en cuenta la población protegida equivalente en la compensación del gasto sanitario, ya que aumenta de manera importante a partir de edades avanzadas. También demandó que se considerase el número total de pruebas PCR y no sólo las positivas. Asturias se sitúa a la cabeza de España en este apartado. Otra demanda consistía en que la educación tuviera un apartado propio, no sólo por el gasto hecho en este curso sino por las necesidades que surgirán en el próximo, sobre todo, en forma de contratación de docentes. En el apartado de compensación por la pérdida de ingresos reclamó que se tuviera en cuenta la población ajustada, otro concepto que toma en cuenta el envejecimiento demográfico.

Todas estas peticiones del Gobierno regional aparecen reflejadas en el documento definitivo. Así lo reivindica el Gobierno del Principado. Considera fundamental que haya 9.000 millones para sanidad y 2.000 directos para educación. Considera positivo que se tome como referencia la población protegida equivalente, no la real, e incrementa su peso en el reparto. Considera comprensible que aspectos sanitarios marquen también la distribución y que se tengan en cuenta los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y la totalidad de pruebas PCR realizadas, como reclamaba Asturias. En la parte de compensación por la caída de la recaudación tributaria, aplaude que se tome en cuenta la población ajustada (40%), como planteaba Asturias, y la recaudación real de determinados tributos en los tres últimos ejercicios.

Oposición menos complaciente

La valoración de la oposición es mucho menos complaciente. La portavoz de IU cree que «menos de 300 millones es una cifra escasa». La diputada de IU ha matizado que, aunque se hayan incluido «cuestiones importantes para Asturias, como el número total de PCR o relativas a la demografía», la cuantía final sigue siendo insuficiente.

En la misma línea se ha expresado Mallada. La portavoz del PP ha dicho que Asturias «sale perdiendo claramente». En unas declaraciones recogidas por Europa Press, ha comentado que el Fondo Social Extraordinario de marzo, para compensar los gastos COVID-19 asignó a Asturias un porcentaje de reparto del 2,2%. De haberse aplicado en el actual reparto ese porcentaje, al Principado les habrían correspondido 352 millones. «El nuevo reparto, que según Adrián Barbón incluye criterios muy beneficiosos para Asturias, tan sólo nos asigna el 1,75% del total del Fondo», ha señalado. A su juicio, en tan sólo tres meses, Asturias ha perdido un 25% de peso en el reparto de financiación COVID, y Asturias se queda ahora con tan solo 280 millones. «Es decir, 72 millones menos de lo que nos correspondería», ha lamentado.

El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha calificado de «insuficiente» la cuantía. «No alcanzará para cubrir los gastos sanitarios pero tampoco los gastos educativos o los gastos sociales a los que deberemos hacer frente», ha dicho Pumares. Ha comentado que Asturias  esta crisis «puede terminar por dar la puntilla» a la región. 

UGT-Asturias, según recoge EFE, está en desacuerdo con el reparto del fondo de compensación porque supone «seguir premiando a quien incumple, a quien no invierte y a quien baja impuestos» lo que le impide garantizar servicios públicos como la sanidad y la educación. «No puede ser que éstos, cuando vienen los problemas, reciban más dinero que los demás para sufragar los errores que ellos mismos han cometido», ha señala el sindicato, que ha advertido de que ocurrió lo mismo con el reparto de los fondos verdes para la transición ecológica. A su juicio, los 280 millones de euros que se barajan ahora para Asturias están incluso por debajo del peso demográfico de la región, «mientras otras comunidades que no han invertido en sanidad van a recibir más» de lo que les correspondería por población, con lo que será imposible cubrir las necesidades de refuerzo requeridas en materia formativa y de sanidad. «Es el momento de ser exigentes y de reclamar justicia para Asturias. En nuestra comunidad hemos invertido en sanidad, hemos construido hospitales, gracias a lo cual pudimos sobrellevar mejor la crisis del COVID-19. No es admisible que nos penalicen ahora con menos recursos económicos para la reconstrucción», ha concluido.

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