Los sindicatos reclaman regular el teletrabajo para acabar con «los abusos» detectados

Carmen Liedo REDACCIÓN

ASTURIAS

PILAR CANICOBA

CCOO y UGT defienden que se incluya en la concertación y en las negociaciones colectivas de los diferentes sectores y empresas. Quieren adaptarlo a las singularidades del Principado, como los problemas de cobertura

25 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El teletrabajo llegó a la vida de la inmensa mayoría de los trabajadores de sopetón, literalmente de un día para otro cuando a mediados de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento de la población en sus casas para frenar la incidencia del COVID-19 en España. El teletrabajo, que hasta entonces nunca había sido una opción para la inmensa mayoría de empresas, entidades, organismos, instituciones e, incluso, administraciones, se convirtió en la única alternativa para no paralizar el país totalmente.

A día de hoy, y una vez vista la experiencia de lo que ha sido teletrabajar de forma improvisada, desde UGT y CC OO de Asturias reclaman una regulación estatal que evite los «abusos» que se han producido en estos meses, porque si algo tienen claro las organizaciones sindicales es que «el teletrabajo ha venido para quedarse» y no se pueden volver a permitir formas de trabajar que hasta ahora se las disculpado entre comillas por la excepcional situación de la crisis sanitaria. Y van más allá. Los sindicatos regionales consideran que una vez se tenga ese paraguas que regule el teletrabajo, ese marco legal se debería matizar en la concertación social teniendo en cuenta las singularidades de Asturias e incluir esa forma de trabajar en los convenios colectivos de las empresas.

Para Mar Celemín, secretaria de Política Sindical de UGT de Asturias, lo primero que hace falta es «un desarrollo legal para el teletrabajo» porque está convencida de que es una forma de trabajar «que ha venido para quedarse». La misma apunta que si bien el teletrabajo está recogido en el estatuto de los trabajadores, no está regulado «para cumplir lo que condiciona un trabajo digno», como puede ser fijar la jornada laboral, garantizar la desconexión, que se mantenga la seguridad y salud en el trabajo, que la empresa no disminuya sus obligaciones legales o que no suponga un impacto en la igualdad de género con perjuicio para las mujeres como, asegura, «se ha podido dar en esta crisis». «Una regulación que impida los abusos», resume Celemín, que no olvida que los costes de teletrabajar no tienen que recaer sobre el trabajador, sino que «la empresa tiene que darle los medios para desarrollar el trabajo».

Deficiencias en conectividad y digitalización

Pero, además, teniendo en cuenta las singularidades de Asturias, tanto por su tejido empresarial como por su orografía, la representante de UGT ve oportuno que el teletrabajo se ponga sobre la mesa de la concertación social regional para así adaptar y matizar el desarrollo legal que se haga a nivel estatal. Mar Celemín explica que esta experiencia piloto a la que obligó el COVID-19 ha puesto de manifiesto deficiencias que tiene la región para teletrabajar en ámbitos como puede ser la conectividad o la digitalización, por lo que entiende que hay que hacer «esfuerzos» desde la administración regional para solventarlas y que el teletrabajo se convierta en una alternativa para las empresas. Es más, apunta que la incorporación del teletrabajo en los convenios colectivos serviría para «entrar al detalle» en la organización de esta forma de trabajar en cada sector y en cada empresa. Como dato aporta que «no llega al 4 por ciento los convenios que recogen el teletrabajo a nivel estatal».

Justamente, el Consejo de Ministros aprobaba el martes de esta semana, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de ley relativo al trabajo a distancia. El Ejecutivo pretende así acelerar la tramitación de este anteproyecto después de que el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 haya impulsado a las empresas a fomentar el teletrabajo al estar restringida la libertad de movimientos durante el tiempo en que ha estado en vigor el estado de alarma.

Una experiencia «caótica» que se ha resuelto «bastante bien»

Alfredo García, secretario de la Federación de Servicios de CC OO de Asturias, ve muy necesario que haya esa legislación porque asegura que para muchos trabajadores de los sectores más diversos la experiencia de estos meses de atrás fue «caótica», sin embargo, el mismo coincide con la representante de UGT que «el teletrabajo vino para quedarse», a lo que añade que fue «la prueba que necesitaban las empresas» para darse cuenta de que lo tienen que incorporar como una forma más de trabajar y adaptarse al trabajo a distancia. García incide en que «hay que regularlo para evitar abusos» y también incluirlo «en la concertación social» para adaptarlo a las peculiaridades de la región y en las negociaciones de los convenios colectivos para ajustar la regulación a los sectores y a las empresas. Y es que aunque Asturias sea una región con mucho peso de la industria, el representante de CC OO entiende que el teletrabajo se puede adaptar a muchos puestos de casi todos los sectores.

Por su parte, Fernando Sánchez, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, manifiesta que el teletrabajo «bien regulado y con un carácter voluntario puede ser positivo». A lo que no se puede volver, ha comentado, es a la forma de teletrabajar que han tenido muchos trabajadores de la región en las semanas de confinamiento pese a que considera que «se hizo un esfuerzo muy grande y con los medios que se tenían, se ha resuelto bastante bien». Sin embargo, matiza que todavía no se puede decir que teletrabajamos porque no todo el mundo tiene los medios para hacerlo y en la región todavía hay zonas sin una buena conectividad para ello. «Y todos estamos dando por hecho que va a haber una segunda oleada de contagios, pero la economía no se va a parar», señala Sánchez, por lo que ve fundamental negociar para dotar al teletrabajo del mejor marco legal.