Catedráticos como Erice o Carantoña firman un documento junto a un centenar de especialistas que pone en cuestión los argumentos del grupo para la retirada de sus calles en Madrid
07 oct 2020 . Actualizado a las 11:30 h.La decisión de Madrid de eliminar las calles dedicadas en la ciudad a dos importantes figuras socialistas de comienzos del siglo XX, Francisco Largo Caballero y el asturiano Indalecio Prieto, ha despertado una enorme polémica que también ha llegado al ámbito académico. La propuesta partió de Vox y salió adelante con el respaldo de PP y Ciudadanos, los grupos conservadores han presentado la iniciativa como un reverso de la memoria histórica que ha tratado de despejar de los callejeros de España los nombres de muchas figuras vinculadas a la dictadura franquista, en el caso del grupo de ultraderecha presentando una visión violenta de las biografías de Prieto y Largo Caballero.
Sin embargo, para los historiadores la inicitiva de Vox se trata de una distorsión repleta de incorreciones. Varios profesores, entre ellos asturianos como el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Francisco Carantoña; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, Fracisco Erice, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo Luis Benito García Álvarez; o el profesor, también en Oviedo, Jorge Muñiz Sánchez; han firmado un documento con «un juicio estrictamente técnico» que en enmienda buena parte de las afirmaciones del partido de ultraderecha. El documento está firmado por un centenar de especialistas de gran prestigio como Paul Preston, el catedrático José Álvarez Junco, Walther L. Bernecker, de la Universidad de Núremberg, o Julián Casanova.
Buena parte del texto se dedica a desmentir las imprecisiones sobre Largo Caballero, también sobre la revolución de 1934 en Asturias en la que tuvo un papel determinante Indalecio Prieto. Al respecto, apunta que Vox califica de «régimen de terror» los sucesos de octubre sin indicar lugares ni protagonistas y saliéndose de la definición concreta de tal régimen y añade «parece improbable que los distintos comités provinciales revolucionarios de Asturias tuvieran, en menos de dos semanas, capacidad para implantarlo. Quienes, sin duda, 'escribieron uno de los episodios más sangrientos de nuestra reciente historia previos a la guerra civil' fueron los militares coordinados por Franco para yugular la insurrección obrera con actos de brutalidad dignos de una campaña colonial». En este punto, el texto hace referencia a «la gran autonomía de actuación de los revolucionarios en el Principado, que fue bastante ajena a la estrategia general patrocinada por el Comité Nacional Revolucionario, y de hecho cogió por sorpresa a los máximos dirigentes socialistas y ugetistas».
Los historiadores hacen referencia también a otro de los grandes mitos de carácter reaccionario sobre los orígenes de la Guerra Civil, como el fraude de las elecciones de 1936 que ganó el Frente Popular que afirman se dio en casos puntuales y no varió el resultado o el famoso 'oro de Moscú', la venta de las reservas del Banco de España que califican de «acto de legítima defensa» contra el golpe para adquirir armas y recuerdan que «esta medida financiera de emergencia también fue utilizada, por ejemplo, por los países de la Entente para financiar su esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial».
También destacan que se ofrece una visión errónea de la participación de Prieto en la «vía revolucionaria» del PSOE a mediados de los años 30 confundiendo fechas, así como de sus relaciones, muy tensas, con Largo Caballero. Los historiadores descartan que 'La Motorizada', una guardia de protección de Prieto actuara como grupo paramilitar. El texto también destaca que, lejos de que durante el mandato de Largo Caballero se sucedieran «las mayores atrocidades en la zona republicana» en la Guerra Civil, lo cierto es que se produjo « todo lo contrario: la recuperación paulatina de la autoridad del Estado con la eliminación de las milicias de vigilancia en retaguardia y la canalización y limitación de la represión política (habitual en toda guerra) por medio de los tribunales populares».
En sus conclusiones, los historiadores señalan que «a iniciativa presentada por el Grupo Municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, más allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayoría de los mismos, han recurrido para elaborarla a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista, acarreando de forma confusa los mitos guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936».
