La propuesta del Ministerio de Industria desata un clamor de críticas en los partidos asturianos que ven peligrar al sector en la comunidad
16 dic 2020 . Actualizado a las 19:32 h.El anuncio de la aprobación definitiva del estatuto de las industrias electrointensivas terminó por defraudar a la gran mayoría de agentes sociales y políticos en Asturias, comunidad que llevaba demandando esta medida desde la pasada legislatura. El Ministerio hizo el esperado anuncio pero con un amplísimo abanico de compañías, más de 600, que pueden acogerse a los beneficios de tarifa lo que terminó por diluir las expectativas de la gran industria asturiana.
No se dio por satisfecho ni siquiera el Ejecutivo autonómico, del mismo color que el nacional, y que lo consideró «insuficiente» y le llevó a reclamar más compensaciones. Según recogió la agencia Efe, el consejero de Industria, Enrique Fernández, ha advertido este miércoles que las compensaciones previstas en la nueva norma serán insuficientes para las industrias altamente electrointensivas, que sufren «un lastre de competitividad» por el diferencial de costes energéticos frente a otros países de la Unión Europea como Francia o Alemania.
Fernández ha valorado ha valorado la creación de un marco jurídico estable y predecible que aporte seguridad al sector industrial, pero ha lamentado que el Gobierno central no haya atendido parte de las alegaciones presentadas conjuntamente por Asturias, Galicia y Cantabria.
A juicio del Gobierno del Principado, y a falta de conocer el texto definitivo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el estatuto «no da una respuesta satisfactoria a las singularidades de las empresas asturianas con un consumo intensivo de electricidad», pertenecientes a sectores y subsectores económicos «en claro riesgo de fuga de carbono y con desventajas competitivas frente a otros países de la UE».
Además, el Ejecutivo autonómico ha incidido en que las industrias altamente electrointensivas con actividad productiva en Asturias son «las más expuestas a la competitividad internacional» y las que, por pautas y volumen de potencia y energía demandadas, «pueden contribuir con un mayor potencial a la mejora de la gestión técnica y económica del sistema eléctrico».
El Gobierno del Principado defenderá la existencia de partidas presupuestarias «suficientemente dotadas para maximizar las ayudas contempladas en el nuevo marco legal», tanto las previstas para el desarrollo del estatuto como las relativas a las compensaciones de costes indirectos de CO2, que deben «elevarse hasta el tope permitido».
Además, pedirá la implementación, «en el menor tiempo posible», de mecanismos sustitutorios de las subastas de interrumpibilidad como la reserva estratégica de respuesta rápida que contemplen las singularidades de la industria altamente consumidora en energía.
Pero si las críticas surgieron desde el propio Principado, desde los grupos parlamentarios de la oposición las reacciones fueron un clamor. El coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, considera que el estatuto electrointensivo aprobado ayer por el Consejo de Ministros no sólo llega tarde, sino que las medidas insuficientes que contempla suponen un «escenario devastador para el empleo y el corazón industrial de Asturias».
En su opinión, se avecinan «horas críticas para Asturias por un estatuto tardío, insuficiente y decepcionante que no responde a las demandas de la industria asturiana y mucho menos de sus trabajadores y que pone en grave riesgo el futuro de la industria asturiana».
Para Zapico, este «estatuto fallido», junto al incremento del precio de las emisiones aprobado la semana pasada, sitúan al Principado en un escenario devastador el próximo año y puede tener «repercusiones enormes para Asturias» que, en su opinión, tiene que «rebelarse contra estas injusticias».
La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, que «plante cara» al Gobierno de España al considerar que el estatuto electrointensivo aprobado ayer por el Consejo de Ministros es «tomadura de pelo» a la comunidad.
En un comunicado, Mallada ha afirmado que, tras un «calvario» de dos años de espera para que finalmente haya visto luz verde, el documento «llega tarde, sin consenso y no da ninguna solución a la gran industria asturiana».
«No será efectivo para nuestra región y, por tanto, no solucionará la crisis de competitividad de nuestra industria ni evitará el riesgo de deslocalización industrial», ha añadido.
Mallada ha considerado una «auténtica vergüenza» el proceder del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la «inacción» del Ejecutivo de Adrián Barbón, respecto a la industria, que se encuentra «abandonada y a los pies de los caballos» con este nuevo articulado.
«Tenemos una gran industria que consume muchísima energía, de la que dependen miles de puestos de trabajo, y así seguirá en la incertidumbre y sin poder competir a nivel internacional por el lastre económico del precio de la electricidad», ha concluido.
Por su parte, el coordinador de Ciudadanos Asturias, Ignacio Cuesta, ha afirmado que es «el golpe de gracia definitivo a la industria pesada asturiana» y ha vaticinado «el cierre y la deslocalización» de empresas «vitales» para la comunidad.
En un comunicado, Cuesta ha considerado que la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros es «decepcionante» porque otorga una mayor intensidad de ayudas a las empresas menos consumidoras, en detrimento de algunas radicadas en Asturias, como ArcelorMittal, Asturiana del Zinc o la antigua Alcoa.
A su juicio, ello demuestra que «el gobierno del Principado no se hace oír en Madrid y no ha sabido defender con firmeza las peticiones de Asturias en un asunto estratégico para el futuro» de la comunidad.
Cuesta ha remarcado que la norma, además de llegar «muy tarde», «previsiblemente provocará el cierre y la deslocalización de industrias vitales para esta comunidad».
El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, afirmó que «tras dos años de espera, el nuevo estatuto de la industria electrointensiva confirma el nulo interés del Gobierno de Sánchez por el presente y el futuro de la industria asturiana».
Según Pumares, «el estatuto confirma lo que muchos llevamos mucho tiempo advirtiendo: el documento no soluciona, ni siquiera mínimamente, los graves problemas de competitividad a los que se enfrenta nuestra industria como consecuencia del diferencial en el coste de la electricidad con respecto a los países de nuestro entorno».
«En España no se plantean mecanismos que permitan abaratar el coste eléctrico soportado por la industria a diferencia de los países de nuestro entorno para los que sí es importante que el sector cuente con unos precios competitivos», ha indicado Pumares, para señalar que la situación muestra que la incluencia de Adrián Barbón en el Ejecutivo central «se ha quedado en nada».
El diputado nacional de Vox por Asturias, José María Figaredo, ha asegurado que el estatuto electrointensivo aprobado ayer por el Consejo de Ministros es «totalmente insuficiente» y no tendrá impacto en la industria del Principado, que continuará «asfixiada por unos coste de energía artificialmente elevados».
«El PSOE tenía en sus manos solucionar el problema. Podía haber garantizado que la industria española compitiese en igualdad de condiciones con la europea. Sin embargo, no lo ha hecho», ha dicho en un comunicado.
Figaredo ha apuntado que el nuevo documento no servirá a compañías, como Alcoa, y a otras industrias que seguirán «en la misma situación precaria en la que estaban hace un año».
A su juicio, todo ello ahondará en la «desindustrialización» de España y, sobre todo, de la cornisa cantábrica, que cuenta con mayor proporción de empresas electrointensivas.
Por su parte, el diputado regional de Vox Ignacio Blanco ha añadido que con este estatuto pierde la industria, el Gobierno del Principado y sobre todo «los trabajadores de estas industrias y de sus auxiliares, toda vez que los costes energéticos no se verán reducidos para poder competir, no ya en el mundo, sino en Europa, e incluso en España».
«La industria asturiana es la gran castigada frente a la industria catalana, valenciana o vasca», ha dicho Blanco, para quien se trata de «una gran derrota del presidente del Principado que será el socialista que viva desde la Presidencia del Gobierno la deslocalización de las grandes industrias de Asturias».
