El covid persistente se ha convertido en un auténtico calvario para quienes lo padecen. No solo porque limita el día a día con su infinidad de síntomas, sino porque además los enfermos se ven obligados a trabajar a pesar del malestar que genera. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no considera que sea un problema para emplearse y ya ha dado de alta a varias personas en esta situación. «Es una injusticia. En mi caso el tribunal médico no ha mirado los informes que avalan que no estoy capacitada para ello», denuncia la ovetense María José Pérez, quien ni siquiera se acuerda de cómo volver a casa cuando sale a comprar el pan debido a esta enfermedad.
Después de un año de baja por el long covid, esta vecina de Tudela Veguín ha tenido que acudir a duras penas a su puesto de trabajo, ya que si no podría ser despedida y «no me sobra el dinero». Es limpiadora de una fábrica y como esto requiere «fuerza y muchas horas, dado que a raíz de la pandemia reforzamos la desinfección» y además su salud física está mermada, a los seis días de reincorporarse tuvo un accidente laboral que la ha obligado a sacar la baja.
Fue en octubre del 2020, en plena segunda ola, cuando María José Pérez se contagió de coronavirus. «Mi marido cogió el covid y yo fui a hacer una PCR. Di negativo pero tuve que hacer cuarentena en casa. Estaba con tos y no me encontraba bien, pero tampoco estaba muy mal. A los 14 días, fuimos a hacer otra PCR y yo volví a dar negativo. Entonces, fui a la médica de cabecera para que me diese el alta y cuando me escuchó toser, me dijo que me tenía que hacer una radiografía porque no me daba el alta», cuenta.
