Las bazas de Asturias para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

L.O.

ASTURIAS

F. Sotomonte

El Ejecutivo central ha dado luz verde al organismo que se coordinará con las comunidades y varios territorios pujan por acogerlo

01 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La penúltima semana de agosto el Consejo de Ministros puso en marcha el primer trámite para la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, un ente encargado de coordinar la actuación de las comunidades, que mantienen sus competencias sanitarias, pero con cierta coherencia ante desafíos como la última pandemia. Se ha aprobado el anteproyecto y todavía le queda mucho recorrido, pero entre los pasos que ya han despertado más expectación será qué comunidad albergará su sede ya que la intención explícita del Gobierno es avanzar en una descentralización de organismos, y Asturias ha sonado como posible candidata.

Fuente del Ejecutivo asturiano han indicado que no se han postulado directamente ya que no quieren que se desate una «guerra de comunidades» por acoger la sede ya en una fase tan temprana. Lo cierto es que Aragón, Andalucía o la Comunidad Valenciana han avanzado su disposición para ello. Las mismas fuentes del Principado han recordado en todo caso que la actuación de Asturias en la primera ola de la pandemia de coronavirus se consideró «un referente» y que quieren hacerlo valer.

También es cierto que el presidente asturiano, Adrián Barbón fue de los primeros responsables políticos en reclamar la creación de este nuevo organismo. En los encuentros que se celebraron de forma telemática en las fases de confinamiento entre los dirigentes autonómicos, Barbón lanzó la propuesta de que se funcionara de forma federal. En julio de 2020 en la conferencia presencial de presidentes en La Rioja reclamó que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud funcionará así, como un órgano federal, con decisiones de carácter ejecutivo y tomadas por mayoría. En varias ocasiones en distintas oleadas, las comunidades utilizaron las medidas contra la pandemia como instrumento de controversia política.

¿Cómo será la nueva agencia? En su comparecencia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que sus funciones se centrarán en la prevención y control de enfermedades y el conocimiento y asesoramiento técnico y científico. También es un «paso decisivo» para dar respuestas a la actual situación de cambio climático y su afección a la salud y también a zoonosis emergentes y otras enfermedades. Todo con la «máxima coordinación con la UE y las comunidades autónomas.

La agencia se encargará de monitorizar y evaluar riesgos para la salud pública así como de establecer sistemas de alerta rápida para dar una respuesta precoz y acorde a la situación en la que se plantee, coordinaría la red estatal de vigilancia pública --que aborda enfermedades transmisibles, pero también las no transmisibles (como pueden ser cáncer, diabetes, enfermedades crónicas)-- y sería la referencia ante organismos internacionales y también de cara a ofrecer información a los ciudadanos.

«Si tan solo se valorase la buena gestión de la pandemia, Asturias saldría con ventaja para ser la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Y no es chovinismo», dijo esta semana el exdiputado y médico Gaspar Llamazares. Desde el Gobierno Central aseguraron que cuando se decida la sede se hará de acuerdo a un procedimiento «con transparencia» diseñado para avanzar en la descentralización de sedes, ha recordado la ministra. Que se ubique fuera de Madrid fue una de las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sespas) durante el proceso de consulta antes de la aprobación del anteproyecto: «Es oportuno que se aleje de la centralidad metropolitana en línea con las políticas territoriales de futuro que pretenden descongestionar las áreas de alta densidad demográfica y facilitar la distribución social y económica en todo el territorio».

Ahora bien, si desde el Principado ha indicado que no se quieren postular directamente, o cierto es que en el modelo avanzado en noviembre del año pasado por parte del Gobierno Central se señala que debe haber una solicitud lanzada a nivel municipal. Según se indicó, tras la creación de un nuevo organismo se evaluará el destino de su sede en una comisión con la participación de los ministerios de Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hacienda y Función Pública y Política Territorial. Allí se decidirán los requisitos materiales y financieros que debe tener la sede y se abrirá un plazo de dos meses para que los municipios interesados presenten sus candidaturas.

Sobre el papel, y con los planes que se han avanzado para futuros usos de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, Oviedo aspira a ser un polo biosanitario, un espacio donde se concentren las actuaciones relacionadas con el sector salud, la investigación científica y aspira a acercar las spin off de la Universidad de Oviedo al mundo de la empresa privada. En las inmediaciones de La Vega se encuentran el Hospital Universitario de Asturias (HUCA); el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (Ispa); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba); el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar); el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), cuya nueva sede se está levantando en La Corredoria, o Vivarium (un espacio del Ayuntamiento de Oviedo formado por instalaciones y laboratorios para alojarse o alquilar un espacio fijo de preincubación de investigación).

Así será el Centro Estatal de Salud Pública que ha aprobado el Consejo de Ministros

Tamara Montero

Esperada y demandada. Así ha definido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la aprobación del anteproyecto de ley de creación del centro estatal de salud pública por parte del Consejo de Ministros de este martes. «Nace para dar respuesta a desafíos de presente y de futuro en materia de salud pública», ha explicado Darias, que ha puesto el acento, sobre todo, a que la aprobación de este documento (que ahora deberá pasar la tramitación parlamentaria) estaba pendiente desde el año 2011. 

«La Ley General de Salud Pública estableció la creación de este centro, pero con funciones limitadas y acotadas por aquellos tiempos», explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno central. La ministra ha recordado que  «estamos ante una iniciativa demanda por profesionales de la salud pública y por la ciudadanía»y que tras la experiencia de la pandemia cuenta con amplio consenso parlamentario.

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