Frente común de Asturias, Galicia y Castilla y León para pedir la supresión de peajes
ASTURIAS
El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha afirmado que a partir de ahora las comunicaciones con el Ministerio de Transportes, «en la medida de lo posible, van a ser coordinadas» entre las tres comunidades
03 oct 2025 . Actualizado a las 13:00 h.Los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León trabajarán de forma coordinada para solicitar al Ministerio de Transportes la supresión de los peajes de la AP-66 y AP-9, cuyas prórrogas fueron ilegales de acuerdo a un reciente dictamen de la Comisión Europea.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha avanzado este viernes, en una entrevista en la TPA, que a partir de ahora las comunicaciones con el Ministerio de Transportes, «en la medida de lo posible, van a ser coordinadas» entre las tres comunidades autónomas.
La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9, en Galicia, y AP-66, que una Asturias y León, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
España extendió en el año 2000 las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, de acuerdo al dictamen de la Comisión Europea.
El Ministerio de Transportes presentó a mediados del pasado mes de septiembre un recurso frente al procedimiento de infracción, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, advirtió hace unos días de que el rescate o la modificación de la concesión de un peaje de autopista tiene «unas implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias».
El consejero asturiano ha avanzado que las actuaciones en torno a este asunto serán a partir de ahora «coordinadas» con Galicia «por razones análogas» y con Castilla y León porque es la otra comunidad por la que pasa la AP-66, «en primer lugar para solicitar información adicional sobre el expediente».
Desacuerdo político
Calvo ha admitido que hay un «desacuerdo político» con el Gobierno de España en torno a la supresión del peaje, si bien ha subrayado que el Principado está «peleando políticamente» para lograr su supresión porque «hay razones legales y jurídicas de peso». El consejero ha restado importancia a las críticas vertidas desde el ministerio en las que se advertía de que la postura del consejero suponía desviar la atención y favorecer «el discurso ventajista, cínico y mentiroso» del PP.
El titular de Movilidad ese mensaje al que no va a «dedicar ni un minuto» forma parte del «juego mediático», y ha remarcado que el del peaje del Huerna es «un debate claro y transparente sobre el que se puede debatir sin mensajes anónimos». A este respecto, ha dicho que no cree que esas declaraciones fueran del ministro, Óscar Puente, que conoce que el Gobierno del Principado y la FSA-PSOE siempre ha apostado por la supresión del peaje del Huerna y ha señalado la responsabilidad del Gobierno del PP en la prórroga acordada en el año 2000. Además, ha remarcado que, en estos momentos, no defiende el interés del Gobierno de Asturias sino el de toda la sociedad asturiana que reclama la supresión del peaje.
Calvo ha afirmado que el dictamen publicado por la Comisión Europea el pasado mes de julio convirtió «las sospechas en realidades» al poner las irregularidades «negro sobre blanco», lo que ha llevado al Principado a «apretar el acelerador» y a impulsar medidas políticas, sociales y jurídicas para lograr la supresión del peaje.
El consejero ha apuntado que el procedimiento europeo «seguirá su curso», pero ha precisado que será «largo», por lo que el Principado va a estudiar los «procedimientos jurídicos en España». Además, ha avanzado que el Gobierno del Principado mantendrá un trabajo coordinado con los gobierno de Castilla y León, la otra comunidad por la que pasa la AP-66 y con el de Galicia, donde se encuentra la AP-9, cuya prórroga también fue irregular según la CE.
Mientras tanto, ha recordado que el ministerio tiene la posibilidad de bonificar el peaje al cien por cien, si bien habría que incluir la medida en los Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, ha admitido que hay bonificaciones que se pueden regular mediante reales decretos, pero ha subrayado que «la mejor herramienta» es la de los presupuestos. El consejero ha recordado que la supresión del peaje del Huerna es una reclamación de toda la sociedad asturiana y ha confiado en que la movilización convocada para el próximo 17 de octubre en Oviedo sea «un éxito», informa Efe.