Antonio Fernandes, definido como «pirata ético», reclutó un equipo de 15 cazarrecompensas para avisar a la Generalitat de los agujeros de seguridad en su web
Su abogado pide al Gobierno el indulto advirtiendo que ya pagó 54.000 euros al Concello, que se arrepiente de su delito, que se ha jubilado y que por tanto no hay peligro de reincidencia