Unos 50 efectivos de la UIP de Oviedo forman parte, desde el 30 de octubre, del operativo desplegado por Interior tras la sentencia del procés: «La gente está muy descontenta con las condiciones laborales»
El problema reside en que la sedición en la legislación de Reino Unido es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España, de ahí que consideren una desproporción entregar a la exconsejera de Puigdemont