Puigdemont se atrinchera en Bruselas, mientras algunos exconsejeros regresan

Afirma que solo volverá a España cuando tenga plenas «garantías jurídicas»

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El exconseller Joaquim Forn, recibido con gritos de «a prisión» Un grupo poco numeroso de personas increparon anoche en El Prat a los dos exmiembros del Govern llegados desde Bruselas. Les chillaron «traidores» y «dónde está tu república»

Bruselas / Corresponsal

Al grito de «¡Traidor!», «¡Viva España y visca Catalunya!» recibieron el martes a Carles Puigdemont más de un centenar de manifestantes congregados en la entrada del Centro Internacional de Prensa de Bruselas a donde acudió el expresidente catalán para explicar los motivos de su precipitada huida de Cataluña y la de su equipo de siete exconsejeros rumbo a Bélgica el pasado lunes. «No estoy aquí para demandar asilo político (...) Estoy aquí porque este es el corazón de Europa», explicó solo un día después de reunirse con su abogado, el belga Paul Beakert, experto en paralizar extradiciones de etarras.

Las posibilidades de recibir asilo político son escasas, incluso en un país como Bélgica, mucho más abierto a evaluar demandas de ciudadanos comunitarios. En vista de las pocas posibilidades de éxito, Puigdemont negó que quiera pedir protección. Eso sí, seguirá exiliado en Bélgica si las causas por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos siguen adelante o hasta que España curse una orden de detención. Puigdemont alega «falta de garantías jurídicas» y acusa a la Fiscalía de seguir órdenes políticas, pero no aclara si lo que realmente quiere es quedar impune de cualquier eventual delito ni si comparecerá el jueves por la mañana ante la Justicia española. «No queremos escapar a nuestra responsabilidad ante la Justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el marco de la UE», se justificó.

Y según Puigdemont, eso es algo que España no le puede ofrecer. ¿Por qué? En su discurso ante más de 150 periodistas internacionales no solo habló de «politización de la Justicia española, falta de imparcialidad y persecución de ideas», también alegó «serias deficiencias democráticas» y trasladó la imagen de un Estado opresor donde las «tácticas agresivas» y «la agresión extrema» justifican su exilio. Un alegato que la Unión Europea niega rotundamente. España no tiene ningún expediente abierto en el ámbito de la UE por poner en riesgo el Estado de derecho ni las libertades de los ciudadanos. La pregunta que emerge ahora es: ¿Hasta cuándo durará la fuga? «Depende de las circunstancias (...) Si hubiera garantías de un trato justo, volveríamos inmediatamente», contestó el expresidente catalán.

No obstante, su discurso no parece que sea plenamente compartido por los exconsejeros que lo acompañaban en la comparecencia ante la prensa, porque unas horas después, algunos de ellos emprendieron vuelo de regreso a Barcelona, a donde llegaron poco después de las once de la noche.

Desde la seguridad de Bruselas y con el Gobierno de la autoproclamada república catalana desaparecido, durante su comparecencia ante la prensa Puigdemont arengó a los ciudadanos catalanes a resistir la aplicación del 155: «Preparaos para un largo camino», les advirtió antes de pedirles que luchen «con creatividad» y salven a su Ejecutivo del callejón sin salida hacia el que se han dirigido: «Estoy seguro de que aquellos ciudadanos que el 1 de octubre salvaron las escuelas salvarán ahora nuestras instituciones», declaró tras confirmar, para estupor de los presentes, que su Ejecutivo seguirá funcionando desde el exterior: «No abandonamos el Gobierno catalán».

Sí a las elecciones

No piensa lo mismo el vicepresidente del Gobierno belga, el conservador flamenco Kris Peeters, quien acusó a Puigdemont de ser un cobarde: «Si declaras la independencia, es el momento de quedarte con tu gente», aseguró molesto por la presencia del catalán en su país.

Puigdemont reivindica la legitimidad de su mandato ante la Unión Europea, pero se pliega a la convocatoria anticipada de elecciones del 21 de diciembre. «No tenemos miedo de los retos (...) Si el Estado español quiere hacer un plebiscito para legitimar el artículo 155 y sus políticas, lo afrontaremos», interpretó dejando entrever con sus palabras que los secesionistas convertirán los comicios en un referendo a favor del 155 o a favor de la independencia.

Los independentistas dan señales claras de querer llevar la situación a un punto muerto para forzar la intervención de la UE, que hasta ahora se resiste mediar o a tomar parte. «A la comunidad internacional y especialmente a Europa, les pido que reaccionen», suplicó Puigdemont. El mensaje de las instituciones comunitarias y las cancillerías europeas es el mismo, que vuelvan a la legalidad si quieren diálogo.

Mentiras, victimismo y contradicciones

Gonzalo Bareño

Carles Puigdemont tergiversa los motivos por los que está siendo investigado e intenta deslegitimar la democracia española

La intervención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Bruselas estuvo plagada de falsedades, inexactitudes, victimismo y contradicciones, tanto en lo que afecta a su propia actuación personal y la de los consejeros que lo acompañaron en su viaje a Bélgica, como a la realidad jurídica y política en España y en Cataluña.

 

«Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo, volveríamos de inmediato»

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El Gobierno belga dice que lo tratará como a cualquier otro ciudadano europeo

La sensación de incomodidad y disgusto que ha provocado en el Gobierno belga la inoportuna visita del expresidente catalán a Bruselas quedó de manifiesto en un comunicado del primer ministro, Charles Michel. El liberal se desmarcó de la visita y dejó claro que su Ejecutivo no quiere problemas con España. «El señor Puigdemont no está aquí ni por invitación ni por iniciativa del Gobierno (...) Será tratado como cualquier ciudadano europeo, ni más ni menos», aseguró. También insistió en solucionar la crisis «en el marco del orden nacional e internacional» y confirmó que su equipo mantendrá «contactos regulares» con el Gobierno español dadas las circunstancias actuales. Pero los nacionalistas flamencos de la N-VA, socio mayoritario en el Ejecutivo, siguen presionando a Michel a riesgo de provocar una crisis de Gobierno. El presidente de la formación derechista, Bart de Wever, volvió a tensar un poco más la cuerda el martes al calificar a Puigdemont de «amigo siempre bienvenido» y asegurar que «no le dejaremos caer».

Si alguna reacción sorprendió, esa fue la del líder de los liberales en la Eurocámara, Guy Verhofstad. Aunque el PDECat forma parte de su familia política, el belga no tuvo reparos en criticar a Puigdemont al hilo de una viñeta satírica en la que el catalán se encaranaba en Tintín. «Tintín siempre encuentra soluciones a las aventuras que emprende mientras Puigdemont deja Cataluña en el caos y la devastación».

En las instituciones comunitarias, sus líderes se han encargado de cerrarle todas las puertas y vetar cualquier encuentro de alto rango. «No existe ningún contacto entre la Comisión Europea y el señor Puigdemont», aseguraron fuentes comunitarios.

Arranca la vía penal contra los secesionistas

El Supremo y la Audiencia Nacional citan para el jueves y el viernes a Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los otros 17 querellados, para los que la Fiscalía se plantea pedir prisión provisional

Carles Puigdemont se puso el martes la venda antes que la herida. En su comparecencia ante la prensa en Bruselas, dijo que está a disposición de la Justicia, pero acto seguido dio a entender claramente lo contrario, al advertir que no volverá a España «sin garantías de un juicio justo». No habrá que esperar mucho para comprobarlo. Solo unas horas después, la jueza Carmen Lamela admitió la querella presentada el lunes por la Fiscalía y emitió un auto en el que cita a declarar como investigados para el jueves y el viernes a los catorce querellados, con Carles Puigdemont a la cabeza. Paralelamente, deberán comparecer también ante la Justicia, en este caso ante el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara acusados igualmente de rebelión, sedición y malversación.

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