Pobreza energética oculta: 100.000 asturianos no pueden calentar su casa en invierno

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

MARCOS MÍGUEZ

La Asociación de Ciencias Ambientales confirma que miles de habitantes del Principado afrontan serias dificultades para pagar sus facturas

24 abr 2018 . Actualizado a las 10:37 h.

Pobreza energética. Este término, desconocido hace una década, describe con gran precisión el problema que sufren millones de españoles como consecuencia de la última crisis económica. La pobreza ya no solo se asocia a aquellos que viven en la calle o que tienen dinero ni para comer. Hay una antigua clase media que no puede ni mantener su casa caliente. Las cifras ayudan a visibilizar la encrucijada en la que se encuentran miles de hogares. Muchas no son familias que sufren todavía exclusión social severa pero están en el abismo. Alrededor de 100.000 asturianos no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el invierno, 50.000 han acumulado más de dos recibos del suministro sin pagar, 120.000 tienen que dedicar gran parte de su exiguo presupuesto a la energía doméstica... Pero aún hay más datos. 30.000 han estado en algún momento sin suministro, tanto por no poder pagarlo como por haber soportado algún tipo de corte.

La radiografía no estaría completa si no se tiene en cuenta la pobreza energética oculta. Este nuevo indicador, conocido por las siglas HEP y que también se ha comenzado a medir en el resto de Europa, trata de encontrar a todos aquellos que tienen dificultades pero que están pagando todos sus recibos, que nunca han sufrido un corte o que no dedican gran parte de su presupuesto a abonar los recibos. Ese HEP mide, entonces, el porcentaje de población para el que el gasto total en energía doméstica está por debajo de la mitad de la mediana nacional. En resumen, ajustan el consumo. En esa situación se encuentran 90.000 asturianos.

El informe

Así consta en el informe Pobreza energética en España. Hacia un sistema de indicadores y un estrategia de actuación estatal, que acaba de presentar la Asociación de Ciencias Ambientales, que es la organización que más en profundidad ha estudiado el alcance del problema y que ha ido presentando diferentes trabajados cada dos años. La novedad de este informe 2018, basado en datos de 2016, es el enfoque. Introduce nuevos conceptos y señala que es necesario sumarlos para ver la envergadura real de la crisis. Modifica el tratamiento de los datos y realiza una serie de recomendaciones, porque el objetivo último es reconducir la situación y ofrecer una alternativa seria a aquellos que no pueden ni pagar la luz de su casa.

La pobreza energética no es uniforme en España. Ni siquiera tiene mucho que ver con el clima. Se podría caer en el error de que hay más afectados en el norte que en el sur, porque el invierno es más crudo y se consume más. No es así. De hecho, en el norte están las comunidades con menos impacto. Ese es el caso del País Vasco, Castilla y León, Aragón y Madrid. Estas son las regiones que presentan un balance más positivo. También el Principado está mejor que la media. Esto se explica por varias razones. El nivel de ingresos es uno. Otro importante es la calidad de la edificación. El aislamiento y los sistemas de calefacción preinstalados son mejores en estas zonas.

Malabarismos con las facturas

Los porcentajes son fríos pero permiten tener una composición de lugar. El 5% de los asturianos han llegado a acumular más de dos recibos sin pagar. La tasa nacional es del 7%. El 11% de los asturianos tienen que hacer malabarismos con su economía para hacer frente a las facturas energéticas. En España son el 17%. La pobreza oculta, ese concepto nuevo, afecta al 9% de los habitantes del Principado y al 12% de los españoles. Existe, por tanto, elementos esperanzadores.

La Asociación de Ciencias Ambientales explica que su informe se basa tanto en la encuesta de presupuestos familiares como en la encuesta de condiciones de vida del Instituto nacional de Estadísticas (INE), que son las mismas fuentes a las que ya recurrió en las tres ediciones anteriores. Pero una nueva lectura de estos indicadores ha hecho aumentar la magnitud del problema. Esto es así porque se ha incluido a todas estas personas que experimentan condiciones asociadas a la pobreza energética, como esa bolsa oculta. Este colectivo lamenta el incremento de las desigualdades que se ha generado y critica que el predominio de contratos de mercado libre de electricidad y gas natural haya constituido un factor determinante para la «vulnerabilidad energética». Para los hogares que son potenciales beneficiarios del bono social eléctricos -la medida que se ha articulado para tratar de frenar la pobreza energética- esto supone un inconveniente. Para acceder al bono social es necesario tener un contrato regulado -lo que se denomina precio voluntario para el pequeño consumidor-, sin embargo, la tendencia del mercado es justo la contraria y muchas familias ni siquiera lo saben.

Propuestas

La Asociación, por primera vez, propone considerar todos los indicadores de forma aditiva. Quiere sumarlos porque cada uno recoge de forma complementarias alguna de las múltiples formas en las que se expresa y se sufre la pobreza energética. No obstante, habría que hacerlo con extremo cuidado para no sumar dos veces un mismo caso. 

El informe incorpora una serie de medidas paliativas. Lamenta que, hasta ahora, en España se ha tenido una visión cortoplacista. Esto se traduce en que se han dado ayudas más o menos puntuales a los hogares vulnerables pero no se han planteado cambios en las estructuras profundas del problema, algo necesario también para prevenir en el futuro nuevas crisis. En primer lugar, demanda que se haga un seguimiento riguroso de ese nuevo bono social eléctrico para analizar su efectividad y luego comenzar a plantearse un bono social energético, más amplio, que tenga en cuenta a la vez otros suministros de energía del hogar.

Pero hay otras medidas que dependen de las Administraciones y que se pueden comenzar a implantar. Ese es el caso de la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas de titularidad pública, con especial atención a las viviendas sociales y a aquellas destinadas a los grupos de población más vulnerables. En Asturias, se han denunciado casos de familias en pisos de alguna administración que han pasado frío en invierno.