La Fiscalía reclama que se desestime la demanda de Abogados Cristianos contra Blanca Cañedo
ASTURIAS
Centenares de personas arropan a la feminista asturiana y defienden el aborto libre y los derechos reproductivos de la mujer
12 feb 2019 . Actualizado a las 17:36 h.La Fiscalía de Valladolid ha solicitado la desestimación de la demanda de la asociación Abogados Cristianos contra la feminista Blanca Cañedo, a la que dicho colectivo solicita 6.000 euros de indemnización por intromisión en su derecho al honor, al entender que el litigio entre ambas partes se enmarca en la «abierta confrontación» existente entre partidarios y detractores del aborto. El informe de la acusación pública cerraba así el juicio que ha quedado visto para sentencia esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia 14 de Valladolid, localidad donde Abogados Cristianos tiene su sede.
Minutos antes del proceso una nutrida representación de feministas asturianas, vallisoletanas, madrileñas y vascas han protagonizado una manifestación de apoyo a la activista, que a pocos metros del edificio de los juzgados de la calle Nicolás Salmerón. Con pancartas con lemas como Aborto libre, fuera del Código Penal y por la Seguridad Social y Si tocan a una, nos tocan a todas, junto con canciones al compás de una charanga y eslóganes coreado del tipo «vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y matriarcal», varios cientos de personas, buena parte de ellas llegadas en autobuses llegados desde Asturias, Euskadi y Madrid, se han dado cita para testimoniar su apoyo a Blanca Cañedo y, de forma genérica, en defensa del aborto libre y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Los denunciantes
A pocos metros, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, mantenía antes del juicio su derecho a la tutela judicial efectiva y defendía la demanda interpuesta contra Cañedo, representante de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), además de directora de la clínica Belladona y presidenta de la Fundación Mar de Niebla, por considerar que vulneró el derecho al honor del colectivo en una entrevista concedida el 19 de marzo de 2018 en La Voz de Asturias. Tanto la fiscal del caso como el defensor de Cañedo, en el acto del juicio oral, no consideran constitutivas de delito.
La acusadora pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha pedido la desestimación de una demanda que, según entiende, hay que contextualizar en la «abierta confrontación» entre dos bandos con posturas diametralmente opuestas, uno a favor del aborto y otro en contra. Ha añadido que el término subvenciones utilizado por Cañedo como fuente de financiación de Abogados Cristianos «no sólo hace referencia a dinero público», algo que dicho colectivo niega tajantemente haber percibido, sino también a otras formas de financiación o «percepción de dinero», entre ellas las aportaciones realizadas por ciudadanos a título personal.
«Pueden ser declaraciones desacertadas o hirientes, pero no vulneran el derecho al honor de la asociación», ha concluido la acusadora pública, cuya postura ha sido igualmente compartida por el abogado de la demandada, quien ha recordado que los estatutos de Abogados Cristianos contemplan las subvenciones públicas como vía de financiación y que dicho colectivo realiza campañas de cuestación entre sus socios cada vez que abre una causa judicial.
El letrado ha incidido también en su sorpresa por el hecho de que la presidenta de Abogados Cristianos haya renunciado a interrogar en el juicio a la demandada. «Si tiene claro que la intención de Blanca era denigrar e injuriar a su asociación, por qué no le ha preguntado en el juicio cuál era su verdadero propósito», ha advertido el defensor, quien también ha justificado el rechazo de la demanda en que la parte actora no ha sido capaz de cuantificar los daños que tales manifestaciones habían ocasionado al colectivo demandante.
Una sala llena a rebosar
La celebración del juicio ha sido seguida por un nutrido número de espectadores en sala, algo que al inicio de la vista ha motivado el enfado de la jueza, quien se ha llegado a dirigir al letrado de la demandada para interpelarle sobre si era o no responsable de tal expectación. «¡Qué espactáculo, qué espectáculo!», ha reiterado antes de invitar a abandonar la sala a todos aquellos que no tenían silla.
Otra de las anécdotas la ha protagonizado la propia Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, quien, provista de su toga, se ha santiguado antes del inicio del juicio en el que ha presentado como único testigo al responsable de campañas de la asociación que preside, Norberto Domínguez, para que acreditara que, pese a tener recogido en los estatutos la posibilidad de recibir subvenciones pública, cuenta únicamente como vía de financiación con donativos de «benefactores» afines a su ideario.
El testigo ha explicado que a raíz de las declaraciones de Cañedo, personal de la asociación, de «carácter privado», tuvo que responder a multitud de llamadas y correos que preguntaban si era cierto que percibían subvenciones públicas, «algo que ya estaba perfectamente explicado pero que hubo que aclarar», aunque no ha sido capaz de cuantificar la merma económica que ello había supuesto. En cualquier caso, su presidenta, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que la intención de Cañedo, «en unas declaraciones que no eran de barra de bar sino a través de un medio de comunicación y con gran repercusión mediática, no era otra que la de «desprestigiar a la asociación tratándola de mentirosa y desincentivar a la gente que colabora económicamente con ella».
A su juicio, la entrevista de La Voz no puede defenderse desde el punto de vista del derecho a la libertad de información, «ya que no ha verificado lo que decía, ni en el derecho a la libertad de expresión», e incluso ha aventurado la posibilidad de iniciar acciones por delito de odio, en referencia a que Cañedo, en su entrevista en La Voz de Asturias, llegó a animar a «luchar y acabar con Abogados Cristianos». Por ello, Polonia Castellanoes mantiene su solicitud de que la activista indemnice a su asociación con 6.000 euros y que el fallo condenatorio sea publicado en el rotativo asturiano que recogió las declaraciones supuestamente atentatorias contra su derecho al honor, sin olvidar el pago de las costas procesales. «Hubiera bastado con que al inicio hubiera pedido disculpas, habría bastado con ello», ha concluido la demandante.