Podemos ve responsables de las irregularidades en cursos de formación a tres expresidentes

El texto propuesta por el diputado Emilio León apunta contra Areces, Cascos y Javier Fernández

La Guardia Civil registra la sede la UGT en Oviedo
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Oviedo

El borrador del dictamen elaborado por el presidente de la comisión parlamentaria sobre el uso de los fondos de formación, que derivó en una investigación judicial sobre UGT, atribuye responsabilidades políticas genéricas aunque de diferente alcance a los tres últimos presidentes del Principado. El texto propuesta por el diputado de Podemos Emilio León cuestiona el funcionamiento de los fondos de formación para el empleo derivando su gestión a los agentes sociales, que su vez subcontrataban su desarrollo, y sin una adecuada evaluación de sus resultados ni una fiscalización exhaustiva de los gastos.

El borrador, que será votado por la comisión el próximo día 15 una vez que los grupos presenten sus enmiendas, señala que la presunta existencia de un mecanismo de desvío de fondos que replicaba el existente en otras comunidades no exime de responsabilidad «ni a quienes habrían practicado las irregularidades ni ha quienes no hicieron lo debido para evitarlas a nivel local». Dado que la investigación abarca las cuatro legislaturas comprendidas desde 2005, León señala que el grado de responsabilidad de Vicente Álvarez Areces, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Fernández «son de diferente alcance» tanto por la distinta duración de sus gobiernos como por el período en el que asumieron su gestión. Así, en el caso de Areces señala que en su mandato se produjo la mayor expansión de los fondos para la formación y que «los escándalos de corrupción» registrados como el caso Marea o la trama del cable constata «un déficit estructural en los mecanismos de control implementados» por sus gabinetes. Respecto a Álvarez-Cascos, León considera que su corta gestión afectó negativamente a la ejecución de las partidas destinadas a la formación sin que la revisión de las políticas de empleo fuera una prioridad y «mucho menos investigar posibles irregularidades».

Por último, los dos mandatos de Javier Fernández, afirma, coinciden con el mayor cuestionamiento de los resultados de las políticas de empleo y con el estallido del mayor escándalo relacionado con su gestión de esos fondos y que, en el segundo hubo importantes cambios en la legislación estatal en esta materia. «Los tres presidentes tienen sin duda la responsabilidad última en términos políticos -por ostentar el cargo de mayor representación autonómica- de la buena marcha de las políticas de empleo, tanto más cuanto mayor sea su capacidad de diseño, implementación, evaluación y fiscalización, añade el borrador. Además, señala, de confirmarse las presuntas irregularidades por dirigentes de UGT que investiga la justicia, sería sobre las dos presidencias del PSOE don deberían ponerse los focos al tratarse de gabinetes nutridos por cuadros relevantes del sidnicato.

León extiende esta responsabilidad política a cuatro consejeros -los socialistas Graciano Torre, Francisco Blanco e Isaac Pola y el forista José Manuel Rivero-, y a los responsables del SEPEPA en estos años al menos en lo que concierne a la gestión técnica de las subvenciones a la formación para el empleo. En este ámbito, y sin entrar en matizaciones individuales sobre los distintos responsables de ese nivel administrativo, realiza una valoración más genérica en torno »a la escasa autorreflexividad mostrada y el escaso cuestionamiento de los mecanismos de evaluación de las acciones que eran responsables de coordinar«. Como recomendaciones León plantea modernizar los mecanismos de fiscalización y superar »una visión meramente contable y formal del control« a un enfoque marcado por la evaluación de resultados dado que, lo contrario, supone renunciar a la salvaguarda del bien común.

A su juicio, las autoridades públicas que delegaron en patronal y sindicatos la gestión de esos fondos evitaron preguntarse por del funcionamiento interno de los instrumentos creados por esos agentes, financiados íntegramente con esos mismos fondos públicos. De esta forma, los agentes sociales que gestionaron fondos hasta el cambio de la norma de 2015, fueron meros subcontratadores de una formación que podían haber proveído o coordinado directamente los servicios públicos sin que haya evaluación alguna que avale la decisión de externalizar gran parte de la formación para el empleo.

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