El presupuesto del Principado en ayudas aumenta a un ritmo más lento del que crece el colectivo. Poco empleo y más precario de lo habitual limita sus posibilidades
09 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Año tras año el Principado incrementa la partida destinada a ayudar a las personas con una discapacidad reconocida. Salen partidas en Educación, en Sanidad, en Empleo o en Servicios y Derechos Sociales. Nunca es suficiente. El presupuesto aumenta a un ritmo más lento del que crece el colectivo. Esto supone que cada asturiano con discapacidad toca cada ejercicio a menos. La situación cobra especial relevancia cuando se suma a cuántos ciudadanos afecta. Según las cifras de 2017, casi 125.000 ciudadanos residentes en la región tienen una minusvalía, lo que supone una prevalencia de 120 por cada 1.000 habitantes, la más alta del país. Solo Murcia se le acerca. Si a esta fotografía se le suman los recortes en las cuentas del sistema de dependencia ocurridos durante la recesión, la bajísima tasa de inserción laboral y la precariedad de los contratos a los que tienen acceso, la realidad se endurece aún más.
Este es el panorama el Informe Olivenza 2018 sobre la situación general de la discapacidad en España que ha elaborado el Observatorio Estatal con el respaldo fundamental del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del Cermi. Sus conclusiones reflejan que hay mucho trabajo por delante en todos los terrenos, desde las ayudas a la orientación laboral o la educación. Las acciones tienen que ser de fondo, a largo plazo y transversales. Solo así se podrían revertir unas estadísticas que sirven para la magnitud del problema: la falta de equidad.
El informe señala que en el Principado las partidas presupuestarias con mención específica a personas con discapacidad son escasas. Esto dificulta determinar la inversión total real en los presupuestos y otras fuentes en pro de la inclusión. Aún así hace una estimación. El último ejercicio completo que mide es el 2017. Indica que ese año, entre las prestaciones dinerarios y los servicios públicos y concertados, la Administración autonómica se gastó más de 21 millones de euros, un millón y medio más que 12 meses antes.
La discapacidad en Asturias
Los asturianos con una discapacidad administrativamente reconocida igual o superior al 33% eran exactamente 124.786 en el año 2017. De ese total, 64.840 era mujeres. Aunque en números absolutos son más, si se pone en contexto con los datos de población, la prevalencia entre los varones es superior. Si se centra en las personas con discapacidad oficialmente reconocida que tienen algún tipo de ayuda entonces la cifra es de 62.900 personas. En esta ocasión el balance es del 2016 y refleja que en el Principado residen el 3,2% de todos los reconocidos en el Estado. Esto implica que el porcentaje es superior al que le corresponde en función de su población.
El empleo es un factor fundamental en este análisis. La investigación indica que la tasa de actividad en esta parte de la población en Asturias apenas es del 32%. No está entre las más altas de España pero tampoco a la cola. Ese dudosos honor lo ostenta Galicia, con solo 27,8%. En el extremo contrario, Madrid, con el 43%. Ninguna comunidad llega ni siquiera al 50%. La tasa regional de empleo en la población con discapacidad es mucho peor. Solo uno de cada cuatro está trabajando. Nuevamente, no es de las mejores pero no está tan mal como la de Canarias -solo el 17,1%- o las de Extremadura y Galicia que no llegan al 22%. El indicador de paro, en cambio, está entre los más bajos.
Cuántos trabajan
El número de contratos firmados en 2017 por cada 100 personas con discapacidad activas en Asturias ascendió a 8.818, el 2,56% del total firmado en España. Su temporalidad no es porcentualmente de las más elevadas pero la situación se está agravando. De los 3.642 firmados ese mismo años, algo más de 3.000 no eran indefinidos. Esto sucede tanto en el mercado general como en los propios centros especiales de empleo. Lo que sí tiene el 92% son jornadas completas y no parciales.
Las ayudas y la cobertura social son fundamentales en un colectivo con serias dificultades para incorporarse al mercado laboral. Existen mucos organismos implicados y muchos tipos de respaldo económicos. Algo más de 4.000 asturianos, por ejemplo, cobra pensiones no contributivas por invalidez. Esa fue la media del año pasado. En España son casi 200.000 beneficiarios. Hay otros 474 que reciben prestaciones sociales y económica gracias a la Ley Integral Social del Minusválido (Lismi), una regulación que data del año 1982. Gracias a esa misma legislación otros 300 asturianos más son beneficiarios de un subsidio de garantía de ingresos mínimos y una veintena cuenta con compensaciones por movilidad.
¿Desgravan?
Hay más de 90.000 contribuyentes asturianos incluidos en las declaraciones del IRPF con discapacidad. Más de la mitad tienen más de 65 años. De esos, la inmensa mayoría, casi 66.000, tienen reconocida lo que se conoce como una discapacidad simple, que es la que está entre el 33% y el 65%. De esos 66.000, casi 1.500 necesitan ayuda de terceras personas o padecen una movilidad reducida. La Ley de Dependencia da cobertura a 22.000 beneficiarios. Esa era la cifra oficial a fecha 31 de diciembre de 2018. Un número considerable recibía el nivel más bajo, el de prevención y promoción de la autonomía personal, pero otros 4.232 disponían de ayuda a domicilio, 2.352 podían acudir a centros de día, otros 1.215 contaban con teleasistencia, 3.220 estaba alojados en establecimientos residenciales, casi 8.500 recibían prestaciones económicas por ciudadados familiares y casi 2.500, prestaciones vinculadas a servicios. Esto es posible porque un mismo usuario puede tener varios servicios.
Cuál es el importe de sus pensiones
El gasto en prestaciones sociales por invalidez representó el 1,74% del PIB en 2015. A mayor grado de incapacidad, mayor es la cuantía de la prestación. No se trata por tanto de una cantidad fija, pero las tasas sirven nuevamente para configurar una composición de lugar. Así, los trabajadores afectados por una gran invalidez perciben 1.832,63 euros de media. Si se analiza el importe medio de las pensiones contributivas por incapacidad permanente de la Seguridad Social, por comunidades autónomas, en el ejercicio 2016, entonces se puede comprobar que los asturianos en esa situación recibieron al mes 1.089,19 euros, 160 euros más que la media nacional. Navarra y País Vasco están todavía por delante.
Los estudios rompen barreras
La educación es un elemento fundamental para alcanzar la equidad, para comenzar a romper barreras. Sin embargo, uno de cada cuatro asturianos con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años -es decir aquellos que están en edad de trabajar- tiene estudios primarios o incluso inferiores, lo que supone que muchos no cuentan con ninguna titulación. El 57,% ha conseguido concluir la secundaria. Solo el 16,8% cuenta con formación universitaria. Queda mucho camino que recorrer en este apartado pero al Principado le queda el consuelo de que está mejor que la media de las regiones.
La matrícula actual de los colegios e institutos refleja que el 3% de los alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general tienen algún tipo de diversidad funcional. Más de ocho de cada diez están integrados en centros educativos y no acuden a centros especiales. La batalla abierta por el Cermi para tratar de revisar el actual modelo educativo, promoviendo la plena integración en la enseñanza reglada ha registrado una polémica aún sin resolver.
