El asedio a la Guardia Civil en Barcelona, la calculada ambigüedad de Ada Colau o el acoso a ciertas figuras contrarias al referendo calentaron los ánimos
29 sep 2017 . Actualizado a las 13:26 h.A dos días de que se celebre (o no) el 1-0, y mientras la consulta lleva camino de convertirse en un asunto de orden público en lugar de un pulso político como el que ha librado en las últimas semanas, recordamos cuáles fueron las principales polémicas que deja este intenso mes de septiembre en Cataluña.
El secesionismo consuma su intento de golpe
Fue el 6 de septiembre cuando el independentismo catalán cruzó la última frontera y consumó su intento de golpe a la Constitución, al Estatuto catalán, al Tribunal Constitucional y al propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña al aprobar con los únicos votos de Junts pel Sí y la CUP la ley de referendo en el Parlamento catalán -en contra del criterio del los letrados de la Cámara, que advirtieron a la Mesa de que tramitar esa norma implicaba desobedecer al Constitucional-, y convocar de inmediato, con la firma de todos los consejeros del Gobierno catalán, la ilegal consulta independentista tras una reunión del Ejecutivo autonómico celebrada en la Cámara regional. Frente a ese atropello a la legalidad, el Gobierno puso en marcha la maquinaria jurídica para impedir que el referendo independentista llegue a celebrarse. También pidió que se actuase penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán y expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, y contra otros cuatro componentes de la Mesa de la Cámara que votaron a favor.
La intensa y caótica jornada en el Parlament también estuvo marcada por los aplausos que arrancó de Ciudadanos, PP y PSC Joan Coscubiela, el portavoz de Sí Que Es Pot: «No quiero que mi hijo viva en un país en el que una mayoría pueda tapar los derechos de quienes no piensan como ellos».
Una día después de la convocatoria de la consulta, el Tribunal Constitucional la suspendió de forma cautelar al admitir a trámite un recurso del Gobierno español. Además, recordó a las autoridades catalanas su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada».
En virtud de la resolución del alto tribunal, la Fiscalía General del Estado ordenó a la Policía actuar contra cualquier acción dirigida a la preparación y celebración de la votación del 1 de octubre.
Sin embargo, y también al día siguiente del primer gran acto oficial de desobediencia, con la aprobación de la ley del referendo y la firma del decreto del 1-0, el secesionismo replicó a los poderes del Estado redoblando el desafío. Forzó al máximo el reglamento de la Cámara autonómica para tramitar la ley de transitoriedad jurídica, que supone una declaración de independencia de hecho y que en esencia es una especie de Constitución, que entraría en vigor si el sí se impusiera en la consulta ilegal.
La disputa llega a los ayuntamientos
Una vez convocado el referendo ilegal del 1-O, y ante la disposición de los independentistas a desobedecer las suspensiones que dicte el Tribunal Constitucional, el siguiente paso en el pulso entre Gobierno y Generalitat fue el de la colaboración de los 947 ayuntamientos en la infraestructura necesaria para la celebración de la consulta. Puigdemont escribió rápidamente a todas las corporaciones municipales para que le indicasen, en un plazo de 48 horas, qué locales estarían dispuestos a ceder para convertirlos en colegios electorales. La respuesta del Gobierno tampoco no se hizo esperar.
De los 948 ayuntamientos que hay en Cataluña, unos 750 apoyaron el referendo. Sus alcaldes fueron citados a declarar como investigados por la Fiscalía bajo amenaza de detención.
La calculada ambigüedad de Ada Colau
Una de las claves para hacer descarrilar el proceso independentista, quizá la más importante, pasa por impedir que los ayuntamientos catalanes se pongan al servicio de la causa secesionista el 1 de octubre. Y en ello Barcelona tuvo mucho que decir.
Todas las miradas apuntaron a la alcaldesa Ada Colau y a su grado de colaboración con el referendo. Tras sus reparos iniciales a facilitar locales municipales para la votación -el pasado día 8 aseguró que no cedería espacios del consistorio-, días después cambió el discurso y se escudó en que colaboraría siempre que no incurriese en una ilegalidad. Siete días más tarde, Colau aseguró en Twitter que en Barcelona el 1 de octubre, fecha de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, «se podrá participar» y que se podrá hacer «sin poner en riesgo institución ni servidores públicos». Aludía al acuerdo con el Gobierno catalán para facilitar la participación y del que no se han dado a conocer los detalles. Tan solo señaló que «no entra en contradicción» con el informe del secretario municipal, Jordi Casas, que avisó de que ceder locales es inconstitucional.
En los últimos días una web habilitada por la Generalitat con las sedes electorales (y bloqueada poco después) delató las intenciones de Ada Colau y diluyó su calculada ambigüedad. Colegios municipales de Barcelona figuraban como lugar de votación.
El Ayuntamiento de Barcelona sí cederá finalmente locales para el referendo ilegal del 1-O, otra cosa es que se celebre.
En las últimas horas, y tras asegurar que no se identifica ni con el «sí» ni con el «no», Ada Colau ha aclarado que su «predisposición es ir a votar» aunque se plantea votar en blanco o nulo.
Golpes logísticos y económicos al independentismo
El pasado 20 de septiembre la Guardia Civil desplegó, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, y sin intervención de la fiscalía, la operación Anubis, que se saldó con el arresto de todo el núcleo duro de la Generalitat encargado de la organización del referendo, incluido el número dos de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda que ejerce Oriol Junqueras, Josep María Jové.
En total, hubo catorce personas detenidas, entre ellas nueve altos cargos de la Generalitat; 20 personas investigadas; casi 10 millones de papeletas del referendo ilegal incautadas; 41 registros policiales en consejerías del Gobierno catalán, entidades públicas, empresas privadas y domicilios particulares. También se inspeccionó la sede de la CUP.
Los detenidos quedaron días más tarde en libertad con cargos. Se les imputan los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación.
Tras este golpe, el Gobierno español dio por desmantelada la logística del referendo.
El día 21 el Tribunal Constitucional multó con 12.000 euros diarios al número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales, que según la ley del referendo debían desempeñar unas funciones análogas a las de una junta electoral, con lo que aplicó por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas. Un día más tarde, todos los síndicos presentaron su renuncia.
¿Sedición en el asedio a la Guardia Civil en Barcelona?
A raíz de la puesta en marcha de la operación Anubis, miles de independentistas salieron a la calle para entorpecer la labor policial. La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consejería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7 horas del día siguiente.
Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.
Los tres coches de la Guardia Civil sufrieron numerosos desperfectos y quedaron abollados, con las ruedas pinchadas, los cristales rotos y con numerosas pegatinas y pintadas, y tuvieron que ser retirados de la calle con el uso de grúas.
Estas protestas pusieron también en el foco a los Mossos d’Esquadra. La Guardia civil barajó enviar a sus propios antidisturbios ante la pasividad de este cuerpo para evacuar a los agentes atrapados en la sede de Economía.
La Fiscalía denunció los disturbios por sedición en un escrito en el que apuntó como responsables a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural. La Audiencia Nacional admitió a trámite esta semana la denuncia. La Audiencia Nacional aceptó hace dos días investigar por sedición estos ataques a la Guardia Civil y pidió un atestado que recoja todos los incidentes ocurridos esos días.
Deportistas, actores e intelectuales toman partido
Fuera de la política, personalidades de horizontes muy diversos se pronunciaron en estas últimas semanas sobre el referendo ilegal. Algunas posiciones fueron muy criticadas por la opinión pública y, otras, como la del cantautor Serrat o el escritor Juan Marsé, sirvieron para que el independentismo dejara de honrarlos.
El ex futbolista Pep Guardiola, capitán y luego entrenador del FC Barcelona, figuró en la lista electoral de la coalición independentista que ganó las últimas regionales en Cataluña, Junts pel Sí (Juntos por el Sí). El actual entrenador del Manchester City reiteró su deseo de votar: «Esto no va de independencia, sino de democracia» llegó a decir.
Gérard Piqué, jugador catalán del FC Barcelona y campeón del mundo con España, aseguró que está «totalmente de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes». Nunca ha tomado partido abiertamente por la independencia, aunque este jueves envió un tuit de apoyo a la consulta, con la consigna «Votarem» (votaremos, en catalán).
También estuvo el punto de vista de quienes no quieren este referendo, impuesto por una ley que no fue debatida en profundidad en el Parlamento catalán y es contraria a la Constitución.
Entre las figuras que firmaron el manifiesto «1-O Estafa Antidemocrática», estuvo Juan Marsé, novelista que ganó el premio Cervantes en el 2008. Saltó entonces la noticia: algunas de sus obras habían aparecido ultrajadas en una biblioteca de Cambrils. En las páginas de algunos de sus libros se le acusaba de «botifler [traidor]» y «renegado».
Más recorrido tuvo, incluso, la polémica con Joan Manuel Serrat, quien criticó la convocatoria del referendo al no ser transparente. El cantautor fue claro: «Prefiero pasar miedo que vergüenza».
Los líos de Julian Assange
Una de las figuras que más está dando que hablar es el australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, el australiano, reconvertido en un abanderado de la causa independentista catalana. El activista político, que ayuda a los independentistas a gestionar las webs sobre el referendo, cerradas rápidamente por orden judicial, protagonizó en las redes más que una polémica.
Piolín, símbolo de los independentistas
Nadie en Interior supondría hace semanas que a todos los problemas y quebraderos de cabeza que conlleva el desafío secesionista catalán tendrían que sumar uno más, y muy inesperado, a pesar de que, con solo verlo, resultaría previsible. Se trata del ya internacionalmente conocido como barco de Piolín, una de las tres embarcaciones (en este caso, la Moby Dada) contratadas por el Gobierno para albergar a los miles de policías enviados a Barcelona para reforzar la seguridad ante el referendo.
El barco empezó a copar titulares la semana pasada, después de atracar en el puerto de Barcelona. Y es que, a pesar de la gravedad de la situación, difícilmente los usuarios de Twitter iban a ser benévolos con las ilustraciones que adornan uno de sus laterales. Unos enormes Pato Lucas, El Coyote y Piolín (este fue el que se llevó la fama) quedaron a la vista de todos los presentes en el puerto, en unas imágenes que restaban seriedad al crucero policial y que rápidamente fueron objeto de broma en las redes.
El inesperado protagonismo de estos personajes de la Warner, y las chanzas generadas, fue a más cuando, durante el fin de semana, unos operarios trataron de camuflar las figuras animadas a instancias de la Warner, compañía dueña de los derechos de imagen de estos personajes.
La singular operación reactivó las bromas y la etiqueta «#FreePiolin» (liberen a Piolín) escaló entre las más usadas en Twitter.
El canario «censurado» se convirtió rápidamente en símbolo e icono de los independentistas, «lideró» concentraciones y protagonizó un dibujo muy compartido que lo muestra con la boca tapada, emulando un cartel difundido por las entidades que promueven el referendo del 1-0.
Artículo 155: El as en la manga del Gobierno
Tras consumar el independentismo su golpe a la Constitución, Mariano Rajoy fue claro y pocas horas después ya anunciaba que no renunciaba a nada para parar el golpe secesionista en Cataluña. El presidente del Gobierno advirtió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: «No liquiden sus instituciones», en una clara advertencia de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Ese artículo de la Carta Magna, que nunca se ha aplicado hasta la fecha, permite al Gobierno, tras recibir el apoyo al Senado, adoptar las medidas necesarias para obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir la ley.
En lo relativo a la aplicación o no del artículo, también hubo un cambio en el PSOE, partido que ante lo ocurrido en septiembre ya no lo contempla como una línea roja para seguir apoyando al Gobierno en Cataluña. La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, había señalado, por el contrario, el 6 de julio que los socialistas no apoyarían al Gobierno si decidía aplicar el 155 en Cataluña, si bien ella misma interpretó entonces que el Ejecutivo no tenía en mente recurrir a ese precepto constitucional.
Su aplicación sería un paso inédito en España, aunque el Gobierno catalán considera que ya se está haciendo «de facto» con medidas como la intervención de las cuentas catalanas para evitar que se desvíe dinero público a la organización del referendo o la detención de responsables públicos del Ejecutivo regional.
¿Habrá declaración de independencia?
La gran incógnita pasa por saber lo que ocurrirá a partir del 2 de octubre. El plan de los independentistas es proclamar la secesión de España en las 48 horas posteriores al anuncio del resultado del referendo si este es favorable al sí.
Sin embargo, esa declaración carecería de reconocimiento internacional y podría ver mermada su legitimidad si hay una baja participación en el referendo. Es el escenario probable, tomando en cuenta los problemas logísticos y que muchos partidarios del «no» a la independencia no acudirán a votar porque consideran ilegal la consulta.
El Gobierno catalán no fijó un porcentaje de participación mínimo para dar por buena la consulta. Desde la entidad civil separatista Asamblea Nacional Catalana (ANC), su presidente, Jordi Sànchez, dijo a dpa que se sentirán cómodos «con cualquier resultado de más de dos millones de votos favorables a la independencia».
A dos días del referendo, las fuerzas independentistas en Cataluña (PDeCAT, ERC y la CUP) no mantienen un discurso unitario en torno a la posibilidad de declaración unilateral de independencia (DUI). Carles Puigdemont mantuvo el domingo pasado en la entrevista con Jordi Évole que la declaración unilateral «no está encima de la mesa» en este momento.
El portavoz parlamentario de su formación, PDeCAT, Carles Campuzano, fue más explícitoel martes cuando aseguró que la declaración unilateral de independencia de Cataluña tras el 1-O estaba «absolutamente descartada» y que, en todo caso, esta decisión requeriría «un proceso de negociación con el Estado». Una afirmación categórica que rectificó, tan solo, dos días después -y mientras el resto de fuerzas independentistas presionaban con lo contrario. Campuzano defiende ahora que si en el referéndum soberanista previsto para el próximo domingo es un éxito, el Parlament deberá dar salida a lo que contempla la Ley de Transitoriedad, que prevé que se declarará la independencia en 48 horas en caso de victoria del «sí».
Sea como sea, el día 4 pasa de octubre a ser ahora un día «muy importante» para el independentismo porque, según ellos, ese día el Parlament deberá poner en marcha los mecanismos incluidos la Ley de Transitoriedad, es decir, proceder a la declaración de independencia de Cataluña.