Los sindicatos fijan sus objetivos a la espera de que la próxima semana se celebre una nueva reunión. Ante la falta de un plan industrial alternativo, CC OO plantea incluso la devolución de las ayudas al cierre para poder mantener la minería y el empleo
05 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Tic, tac, tic, tac… Hunosa afronta este mes de diciembre la cuenta atrás para el fin de la minería. Ese fin de la minería pública al que buena parte de Asturias se resiste pero que desde hace años está impuesto desde la Unión Europea por esa Decisión 787, que no permite continuar subvencionando la producción de las empresas no competitivas y estipula la devolución de las ayudas concedidas al cierre de esas explotaciones en caso de que quieran continuar con la actividad.
El caso es que a menos de un mes de ese requetesabido fin de carbón, establecido para el 31 de diciembre de 2018, el ente estatal minero aún tiene su plan de empresa sin concretar mientras la incertidumbre se incrementa con las políticas y declaraciones contradictorias del Gobierno de Pedro Sánchez. Si bien el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética genera alerta con el artículo 12 al mantener el objetivo de descarbonización y rechazar cualquier inversión del Estado o de entidades estatales «en participaciones o instrumentos financieros de cualquier clase, de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles»; por otro lado, desde el Ministerio «al más alto nivel» le aseguraban hace unos días al secretario de la FSA, Adrián Barbón, que la Ley Verde, «no afecta en absoluto a Hunosa», según trasladaba él mismo.
Y mientras se proyecta una cosa y se dice lo contrario, los sindicatos mineros esperan que Hunosa convoque una nueva reunión para avanzar en la negociación de un plan de empresa, ya que los dos encuentros anteriores fueron para conformar la mesa de negociación y para hacer balance de los «incumplimientos» del plan anterior. Tienen claro que quedan pocos días, pero igual de claros tienen los objetivos por los que van a «pelear» ante Hunosa.
Prioridad absoluta al mantenimiento del empleo; una transición energética justa que abarque a todos los trabajadores, los fijos del grupo Hunosa (que incluye Sadim y Fusba) y los de las subcontratas de interior y exterior; continuar con la extracción de carbón, en tanto y cuanto no haya otro empleo alternativo; extraer, como mínimo, el carbón de los pozos y el estéril de las escombreras necesario para autoabastecer la térmica de La Pereda; un plan industrial para que Hunosa siga siendo una empresa energética; un plan social que complemente al plan industrial; exigir que SEPI cumpla, de una vez por todas, con su compromiso de diversificación; la exigencia al Gobierno de que Hunosa sea ejemplo de transición energética para los territorios, las empresas y los trabajadores; el compromiso de seguir apoyando la reactivación de las cuencas mineras; la apuesta clara por la planta de CO2 de La Pereda con un proyecto de transformación de modo que el CO2 pase a ser una materia prima; el desarrollo de las actuales energías limpias: biomasa, geotermia y biogás; la puesta en marcha nuevos proyectos para el desarrollo de nuevas energías limpias; un plan social que garantice la salida por la vía no traumática a todos aquellos trabajadores que cumplan los requisitos de edad acordados; el rechazo al anteproyecto de «Ley verde» porque amenaza el presente y futuro de Hunosa; y un plan de recuperación, gestión y aprovechamiento del patrimonio industrial y minero de Hunosa como posible nicho de empleo son las principales propuestas que pondrá sobre la mesa el sindicato Comisiones Obreras en el próximo encuentro, las cuáles coinciden en gran medida con las que llevará el SOMA-FITAG-UGT.
El secretario de CCOO de Hunosa, Rubén García, alude al compromiso adquirido por el Gobierno Estatal en la firma del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2017, firmado a finales de octubre, en el que se dice que «se promoverá el uso del carbón donde se siga utilizando para la generación eléctrica». Así, tiene claro que la extracción de carbón en Hunosa debe continuar y no duda en aseverar que «si no hay alternativa, que se devuelvan las ayudas en pro del mantenimiento de los puestos de trabajo», los cuáles el responsable sindical cifra en unos 1.500 sumando los trabajadores de plantilla de Hunosa, los de las empresas filiales (Sadim Ingeniería, Sadim Inversiones y Fusba) y los de las contratas de exterior e interior. «CCOO tiene claro que en Hunosa no hicieron los deberes en cuanto a generación de empleo alternativo, con lo cual si es necesario que devuelva las ayudas y continúe con la minería», manifiesta Rubén García antes de lanzar como crítica que ahora el Gobierno de España genere «más problemas legales» y quiera «aplicar más restricciones con la Ley Verde». «Nos prometieron la Hunosa verde y nos dieron la Ley verde», manifiesta el representante de CCOO, que ironiza con que «Hunosa cada vez está más cerca de dejar de ser negra y más lejos de ser verde» tal y como está la situación actual.
Asturias, la gran afectada por las políticas verdes del Gobierno
En su opinión, «Asturias es la gran perdedora por culpa de las políticas verdes del Gobierno», pero advierte García que su sindicato no admitirá un plan social si no está complementado con un plan industrial, ya que tiene claro que un plan social sólo abarcaría «a unos pocos» que se pudieran acoger a prejubilaciones, con lo que se pregunta «si no seguimos sacando carbón ¿dónde metemos a la gente? ¿qué haces con cientos de trabajadores de Hunosa más los de las subcontratas?». «Sin carbón no hay futuro», apostilla el secretario de CC OO de Hunosa, que señala que si se cierran las tres minas que quedan de Hunosa, desmantelarlas no llevaría más de dos años y estima que para esas labores no se requerirían más de cien trabajadores por pozo.
Él mismo espera esa convocatoria de reunión para avanzar en la negociación del plan de empresa y confía en que la demora de la convocatoria no sea una estrategia de Hunosa para «asfixiar con los plazos» porque en ese caso asegura que «estallaremos seguro». Es más, plantea prolongar la negociación, si fuera necesario, más allá incluso del 31 de diciembre que fija la Decisión 787 «para que la negociación acabe cuando haya una solución», aunque entiende la «inquietud» que estos días sienten los trabajadores vinculados a Hunosa, «que quieren saber qué va a pasar».
