Un año sin la unidad de acogida del materno: el conflicto que acabó con tres décadas de servicio
ASTURIAS
El exdirector del centro de atención a menores relata los problemas laborales que se ocultaron tras aquella controvertida medida. A día de hoy sigue peleando por restituir el buen nombre del equipo
15 abr 2019 . Actualizado a las 16:52 h.Hace poco más de un año que echaron el cierre. El equipo se desmontó y los menores fueron distribuidos por otros centros. La fecha es clave y permite una explicación más reflexiva de lo que realmente sucedió para que el Principado decidiera clausurar la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Centro Materno Infantil de Oviedo, un servicio con más de tres décadas de trayectoria y centenares de chavales atendidos, con un alto índice de aceptación. La versión oficial nunca ha variado un centímetro. Se trataba de una reorganización para adaptarse a la nueva legislación en materia de infancia, optimizar los recursos materiales y humanos y potenciar el clima de seguridad de los menores. El que fuera director de la UPA, Aurelio Sánchez, sigue luchando 12 meses después. Lo hace para defender el trabajo realizado por todo el equipo y la calidad de la asistencia que se estaba prestando y para demostrar que había otros intereses que nada tenían que ver con el bien de los menores que tenían acogidos. Ahora ya jubilado tiene todo el tiempo para reivindicar esa labor.
A Aurelio Sánchez no le cuesta trabajo hacer memoria. Repasa las diferentes etapa de la UPA, desde su época en El Cristo, su paso por su Cruz Roja y, finalmente, su llegada al Centro Materno Infantil. No solo hubo cambios de ubicación sino también de funcionamiento. Al principio acogían a menores desde los 3 a los 18 años, sin diferencias por edades. Luego esa mezcla fue muy cuestionada, por los efectos adversos y se centró en adolescentes. También hubo una época en la que se centraron en los menores extranjeros no acompañados (Menas) varones y entre 12 y 18 años. Era la época en la que llegaron en un número considerable. La realización de obras en el Materno obligó a trasladar a la unidad al Fundoma, también en Oviedo. Ahí recibió la puntilla, cuando trabajaban específicamente con menores de 12 a 18 años y Menas chicas, porque los Menas masculinos ya habían derivado a los centros concertados de La Cruz de los Ángeles, el Hogar San José y Trama. Cuenta el exdirector que todos esos centros privados le salen más baratos a la administración. Su uso no responde a criterios asistenciales.
El último año
El último año de la UPA es lo que le trae de cabeza. «Llegó una nueva directora, Sonia Batalla, con la manifiesta intención de destruir la unidad y realizó un excelente trabajo solo para eso», señala con amargura. Batalla no era del equipo pero lo conocía porque procedía del organigrama de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Sánchez considera que siempre fue la correa de transmisión de la jefa de servicio del centro, Marta del Arco, y que toda la operación estuvo «bendencida» por la propia consejera Pilar Varela. ¿Por qué iba la Administración a querer destruir un servicio que funcionaba bien? Aurelio Sánchez ofrece una explicación: «No les gustaba nada que se diera autonomía a los educadores y tampoco nuestra forma de trabajar con los chavales». Además, la relación con él mismo, como máximo responsable de la unidad, era tensa. Se quejaba de las necesidades que no se cubrían y trabajaba como una piña con el resto de compañeros que, reconoce, no admitían «ni la verticalidad ni el dirigimos de la consejería.
Tanto la consejería como la propia Fiscalía de Menores eran más partidarios de que se aplicara un régimen disciplinario estricto que chocaba contra los protocolos que estuvieron perfeccionado tres décadas. Su filosofía era la del diálogo, mantener reuniones con los usuarios, tratar de consensuar y llegar a acuerdos. «Nadie debe olvidar que se trataba de un centro abierto, es decir, podían salir y entrar cuando querían. Así que el diálogo era lo que nos diferenciaba», explica. Tan mal no lo debían estar haciendo cuando las encuestas que les pasaban a los chavales respaldaban su tarea. Esos cuestionarios eran una guía fundamental para los educadores que se reunían de manera periódica e iban ajustando su modo de proceder. «Sonia Batalla llegó para hacer justo lo contrario», lamenta.
Esa diferente concepción fue lo que les enfrentó. Vivieron multitud de capítulos que fueron enconando poco a poco el clima. Acusa a esa nueva directora de no implicarse, de apenas reunirse con los educadores y de utilizar básicamente el email como canal de comunicación. Lo tiene todo contado: «De las 24 reuniones del equipo directivo de aquella época, en ese último año, tan solo acudió a cuatro».
El detonante
Hubo un caso que sirvió como detonante para esa dinamita sobre la que trabajaban. Trasladaron a la UPA a una menor de edad con un amplio historial de fugas de su domicilio. Aunque el centro era abierto, existía una reglamentación que cumplir y los educadores no pdoían dar permiso para que se ausentasen, para que pasasen la noche fuera. Ese tipo de trámites tenía que arreglarlos la familia en la propia Consejería de Servicios y Derechos Sociales. No obstante, sí tenían hora de llegada en función de su edad. Los mayores de 17 años, hasta la una. Ese era el tope. Si no se presentaban el personal debía dar parte. En menores de 12 años, lo cabían de manera inmediata. A los mayores les iban dando más margen.
Estos antecedentes con necesarios, explica el exdirector de la unidad de primera acogida, para entender todo lo que sucedió aquel día clave para su futuro. A la menor en cuestión la ingresaron un viernes. Alrededor de las siete de la tarde, se presentó en el centro -entonces ya estaban en el Fundoma- la madre. Quería hablar con su hija. Le facilitaron una sala y estuvieron hablando. Cuando salieron comunicó a las tres educadoras que estaban de turno que se quería llevar a su hija a casa. Creía que iba a volver a escapar y había llegado con ella al compromiso de pasar el fin de semana en casa. Prefería eso a que estuviese sola por Oviedo. Las educadoras, pese a que no tenían competencia para hacerlo, accedieron. ¿Por qué? Aurelio Sánchez explica que era un viernes por la tarde, en la consejería ya nadie iba a tramitar nada y tenían la advertencia de no molestar a la directora fuera de horario. Todos los implicados firmaron un papel: la madre, la hija y las tres educadoras. Se comprometieron a estar en casa y a responder a las llamadas de control que realizarían desde el centro.
Ese lunes llegó al centro una delegación de la Fiscalía de Menores para realizar la labor periódica de control, en la que se hablaba con algunos usuarios del centro. Era una visita programa de antemano. Ahí se descubrió que la menor estaba en casa con su madre. La directora de la UPA informó a la consejería y la Fiscalía solicitó la identidad de los educadores y reclamó la apertura de un expediente disciplinario por una actuación grave. Todo el proceso se saldó con ese expediente y el ambiente se caldeó hasta un nuevo máximo. Intervino el comité de empresa y se recurrieron los expedientes. «Hubo un segundo golpe miserable. Fue cuando desaparecieron los diarios de las reuniones de los trabajadores. Se hizo todo lo posible que no se recurriera el expediente en tiempo», insiste el exresponsable de la UPA. No fue suficiente. Recurrieron a tiempo, llegaron a los tribunales y una sentencia confirmó que los expedientes no eran procedentes.
Capítulo final
A partir de ahí, se sucedieron las movilizaciones, se reclamó la dimisión de la directora, se llevó el conflicto a la Junta General y hasta compareció Pilar Varela. Fue entonces cuando la consejería decidió cerrar la UPA. Coincidió en el tiempo pero el mensaje fue muy diferente. Oficialmente se dijo que otra cosa. Ana Farpón, directora del Instituto de Atención a la Infancia del que dependía la unidad, sostuvo que el cierre de la upa del Materno, trasladada temporal por obras al Fundoma, formaba parte de una reordenación de servicios más amplia a la que obligaban dos leyes promulgadas en el año 2015. Su intención, explicó entonces, era mejorar la calidad de la atención y también mejorar la coordinación con el resto de estamentos envueltos en la salvaguarda de los menores, como los servicios sociales municipales, la Fiscalía o la Policía.
«No es un cierre es una reordenación de los recursos». Así argumentó los cambios. Se debían a modificaciones en el esquema, en los procedimientos y protocolos obligados por dos leyes recientes, las 26/2015 y también la 8/2015. La UPA del Materno, que atendía a jóvenes entre los 12 y 18 años, desaparecía y pasa al centro Los Pilares, que también está en Oviedo. En este complejo está también la upa de los más pequeños, hasta los 11 años. La directora indicaba que llevaba un año trabajando en la remodelación.
Lo negaron entonces y lo siguen haciendo ahora, un año después. Los trabajadores insistieron en que esas modificaciones legales no implicaban el cierre del servicio. ¿Ha mejorado el servicio? Están convencidos de que no. El equipo, que estaba hiperespecializado, se desgajó en otras unidades y ya nadie hace aquello por lo que ellos peleaban. «Los chavales podían estar un máximo de 45 días con nosotros. Era solo una unidad de primera acogida. Ese era el plazo para pasar tiempo con ellos, hacer una valoración, recopilar informes de todo tipo y, finalmente, aconsejar los recursos y los objetivos más adecuado a cada niño», explica Aurelio Sánchez. Asegura que el trabajo ya no se hace con ese orden y con ese seguimiento. Los informes son cada seis meses y se ha diluido esa función de atención urgente que tenía realmente la UPA. Lamenta que lo único que se haya hecho haya sido dar un paso hacia la privatización, al conceder parte a una nueva UTE asentada en el Fundoma y otra parte a Diagrama, en Avilés, y a Accem, en Gijón; está última con los menores extranjeros.
«Todo fue un abuso de poder contra un equipo», señala este profesional que ahora está dedicando su jubilación a restituir el buen nombre del equipo y a revisar los expedientes que también se abrieron en su contra en este conflictivo tramo final.
