Redacción

El exsecretario general de la Fundación Niemeyer, José Luis Rebollo, ha mostrado su «gran arrepentimiento» por no haber dimitido de su cargo, en septiembre de 2011, para seguir con su profesión de abogado y «dejarla ahí tirada» porque ha sido «un calvario» defender las decisiones del Patronato. La Audiencia Provincial ha acogido la quinta sesión del juicio del Caso Niemeyer con la reanudación de la testifical de Rebollo, quien afronta una petición fiscal de dos años y tres meses de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros como presunto cooperador en un delito societario continuado, informa EFE.

Rebollo ha justificado que continuó en su cargo por «responsabilidad profesional» y porque contaba con el respaldo de la entonces vicepresidenta del Patronato y alcaldesa de Avilés, Pilar Varela. Sin embargo, su apoyo sólo se mantuvo hasta el mes de junio de 2012, cuando Varela se reunió con la nueva consejera de Cultura y presidenta del Patronato, la socialista Ana González, que fue quien finalmente denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades contables durante la gestión del exdirector general, Natalio Grueso, en relación con la emisión de facturas falsas o manipuladas.

Tras esa reunión, le transmitieron a Rebollo que ya no gozaba de la confianza para seguir en el cargo, a lo que él les contestó que quería dimitir «desde hacía tiempo» por el «calvario» que sufría y que debían convocar una nueva reunión del Patronato. En su testifical, ha corroborado que la Fundación mantiene con su sociedad profesional una deuda, y, al igual que manifestó, ha reiterado que él siempre fue partidario de que la contabilidad de la Fundación Niemeyer se sometiera a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, pero su petición no prosperó porque los patronos «políticos» no querían.

La forma de gestionar el centro cultural provocó discrepancias importantes en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y ha manifestado que «chocaba» con la postura que defendía el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Rebollo ha revelado que él presenció una discusión entre el entonces secretario general de la FSA, Javier Fernández, y Areces, porque el primero defendía su carácter público, mientras que Areces quería abrir la Fundación al sector privado y buscar nuevos mecenazgos, postura esta última por la que abogaba Rebollo.

Ha descrito una situación «muy desordenada» en relación con la contabilidad de la Fundación con Viajes El Corte Inglés, su principal proveedor, y ha dicho que sólo empezó a tener dudas sobre los errores contables en marzo de 2012, si bien, antes de esa fecha, ha dicho que quizá por su ingenuidad pensó que sólo eran «defectos y problemas de organización». Tras el exhaustivo interrogatorio a Rebollo, de siete horas y media entre las sesiones de ayer y hoy, el presidente del tribunal ha acordado que el juicio se reanude el próximo día 22 de abril, con la declaración de Marc Martí, exjefe de Producción del Niemeyer, quien afronta una petición fiscal de un año y seis meses de prisión como presunto cómplice en un delito de malversación.

Para esa misma sesión del día 22 se citará para que presten declaración, en calidad de testigos, a las exconsejeras de Cultura y expresidentas del Patronato, Ana Rosa Migoya y Mercedes Álvarez y al exalcalde de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. Además de Rebollo y Martí, están acusados en el caso Niemeyer el exdirector general, Natalio Grueso, su exmujer, Judit Pereiro, y el exagente de Viajes El Corte Inglés, José María Vigil.

La Fiscalía pide para Grueso una pena de once años de prisión y diez años de inhabilitación por su presunta autoría en los delitos continuados de malversación en concurso con falsedad, otro societario y un tercero de insolvencia punible. Pereiro afronta una pena de dos años y medio de cárcel por su presunta complicidad en un delito de malversación, mientras que la Fiscalía interesa ocho años de prisión para Vigil como presunto autor de un delito de estafa en concurso con falsedad y otro de malversación como cooperador.

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Rebollo se arrepiente de no haber «dejado ahí tirada» a la Fundación Niemeyer