El tribunal sostiene que una vez que se computa el valor de algunas partidas de las que se apropió la acusada si se aplicase el nuevo texto legal saldría «claramente perjudicada»
El personal laboral acusa al consejero de la «pérdida de derechos, de poder adquisitivo, recortes presupuestarios, amortización de plazas, ostracismo y discriminación en el disfrute de las vacaciones»